Ejército de Nicaragua: principal soporte del Frente Sandinista al margen de la legalidad
Aunque hubo un periodo donde intentó profesionalizarse y despolitizarse, la institución castrense fue captada por el sandinismo con el regreso de Ortega en 2007.

Ortega y Murillo junto a la jefatura militar.
A menos un mes del aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, la institución ya hace gala de su armamento y sus capacidades defensivas. Seis años metidos en una de la crisis políticas más trascendentes de las últimas cuatro décadas, el Ejército de Nicaragua se posiciona como uno de los principales músculos del régimen sandinista de Daniel Ortega, junto con la Policía Nacional.
No es sorpresa. El Ejército de Nicaragua fue alguna vez Ejército Popular Sandinista. Los intentos de profesionalización y despartidización que hubo en el periodo liberal, tras la caída de la primera dictadura sandinista (1979-1990) no prosperaron una vez el sandinismo retomó el poder en 2007.
Para cuando estalló la crisis en 2018, tras once años de gobierno sandinista mancillando la frágil institucionalidad, el Ejército se decantó por el régimen.
“La tentación y las ganas de quedarse de algunos les hizo sucumbir ante Daniel Ortega y Rosario Murillo. Así dio al traste su institucionalidad, su papel de garante de la seguridad nacional y les hizo responder a la voluntad de un tirano y una tirana que lo único que han querido es mantenerse en el poder a toda costa”, valora para República 18 la activista nicaragüense pro derechos humanos Ana Quirós.
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El artículo 93 de la Constitución Política de la República Nicaragua lo describe como “una institución nacional, de carácter profesional, apartidista, apolítica, obediente y no deliberante“. En 2018 hubo faltas a este mandato, evidentes en el abastecimiento de armas de grado militar a civiles que conformaron grupos paramilitares al servicio del régimen sandinista.
“El Ejército, de hecho, fue cómplice de una situación confusa que conllevó a una responsabilidad enorme de dolor y muerte“, dijo en entrevista a medios internacionales en mayo el desaparecido ex-comandante del Ejército, Humberto Ortega, quien también es hermano del caudillo sandinista.
Su admisión (que le costó la libertad) coincide con los hallazgos de diversos organismos de derechos humanos. Una investigación exhaustiva de Expediente Abierto encontró que el ejército estuvo involucrado en la planificación estratégica, así como en la ejecución de operativos concretos en zonas remotas, contra civiles desarmados durante los meses más intensos de la crisis sociopolítica en 2018.
Según datos oficiales, el Ejército de Nicaragua cuenta con una fuerza de 10 mil efectivos. Su presupuesto es de 104 millones de dólares para 2024, según el Ministerio de Hacienda. Foto: Cortesía
El saldo de aquellos “operativos” fue de más de 350 ciudadanos asesinados, unas 15 mil violaciones a los derechos humanos, un clima de represión que ha llevado a decenas de miles al exilio y más de un centenar de presos políticos.
“El Ejército de Nicaragua tiene una deuda con su ciudadanía y con el país porque es el que facilitó” operativos como la sangrienta Operación Limpieza, “los francotiradores” que perpetraron ataques como el de la Masacre del Día de las Madres, “fuese ya con entrenamiento, con dotación de armamento y sobre todo haciéndose de la vista gorda“, señaló Quirós.
“Le correspondía velar porque las fuerzas armadas fuesen exclusivamente la Policía y el Ejército, pero nunca persiguió ni castigó, sino que más bien, todo lo contrario, facilitó la existencia de grupos paramilitares y su actuación en contra de la ciudadanía“, agregó la activista. También eso admitió Humberto Ortega previo a su desaparición.
Profesión de fe
En septiembre de 2023, el jefe del Ejército, Julio César Avilés —un ex-guerrillero sandinista ascendido a general por Ortega en 2010— declaró ferviente en nombre del régimen.
“Con firmeza y determinación rechazamos las campañas de mentiras, calumnias, agresiones y ataques que vividores y mercenarios de la información hacen en contra de nuestra institución“, declaró el general, refiriéndose a los medios de comunicación.
También validó la falsa narrativa de que el estallido social de 2018 fue un intento de golpe de Estado y rechazó cualquier insinuación de que el Ejército debiese remover a Ortega de su cargo por irrespeto a la Constitución, a los límites de mandato, a la separación de poderes, a la legalidad y las nociones más básicas de derechos ciudadanos.
“Ante estas pretensiones nuestra respuesta es firme y clara: jamás lo haremos porque no somos golpistas. Así lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia”, declaró Avilés, a pesar de que el Ejército Popular Sandinista fue constituido a raíz de un golpe de Estado en 1979.

Quirós juzga el papel del Ejército como “turbio” y considera que “mancha su historia de respeto a la institucionalidad” durante el periodo liberal. “Por un lado, sostiene a la dictadura y, por el otro, es parte de un tapón constituido por el actual Estado mayor que ha permitido que en la institución se manosee la oficialidad y la institucionalidad“, destacó.
Pero Quirós no cree, a pesar de todo, que todo el Ejército esté así de comprometido con la causa del poder de Ortega. “Estamos convencidas de que no todo el Ejército” es responsable de los crímenes antes mencionados. “Sabemos de oficiales que siguen apegados al respeto, la institucionalidad, las leyes y la Constitución, pero sus voces no tienen la fuerza suficiente“, explicó, deseando que asuman un papel “más activo”.
En cualquier caso, la institución habría de ser reformada profundamente antes de poder funcionar nuevamente bajo una administración democrática.