Persecución religiosa y contra comunidades indígenas sigue arreciando en Nicaragua

En una sesión ordinaria de la CIDH, representantes indígenas y de la sociedad civil presentaron sus hallazgos más recientes, evidenciando la continuidad de la campaña represora del régimen sandinista.

  • San José, Costa Rica
  • 9:35 am
  • Jul 11, 2024

Policía hace guardia en las afueras de una iglesia. Mayo de 2019.

AP
República 18

Durante la Audiencia XXII del Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada este 11 de julio, la Comisión discutió con la sociedad civil nicaragüense y representantes sobre la situación de los pueblos indígenas del Caribe Norte de Nicaragua y las violaciones a la libertad religiosa en todo el país,

La audiencia fue solicitada por “varias organizaciones de la sociedad civil”, señaló el comisionado CIDH Carlos Bernal al introducir los temas del encuentro. El Estado de Nicaragua no estuvo presente en la audiencia, como es habitual siempre que el régimen sandinista de Daniel Ortega se ve involucrado en situaciones de derechos humanos.

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Tininiska Rivera, hija del preso político y desaparecido, Brooklyn Rivera, fue la primera en intervenir en la audiencia.

“La violencia a la cual hemos sido sujetos los pueblos indígenas del Caribe Norte, en especial los pueblos mayangnas y miskitos, se ha agudizado después de 2018, generando, mediante el despojo de nuestro territorio en un proceso de colonización, un etnocidio. Nos privan de nuestros recursos naturales, nos quitan nuestro alimento”, intervino Rivera.

Rivera mencionó el establecimiento de “estructuras indígenas paralelas”, afines al régimen sandinista, “para anular autonomía indígena y controlar los recursos” naturales de la región, a su vez valiéndose de “la renta y el arriendo ilegal de territorios indígenas” protegidos de la mano de empresas madereras, ganaderas y colonos.

Unos 643 casos de violencia contra comunidades indígenas fueron registrados en 52 comunidades tan sólo en el primer semestre de 2024, destacó Rivera. Entre esos ataques se registran quema de viviendas, amenazas, secuestro, tortura y asesinato. En lo que va del año ya son 4 víctimas mortales, para un total de 65 víctimas en la última década.

“Ha generado una política de cohabitación forzada entre indígenas y colonos, a pesar de las amenazas, las agresiones y los asesinatos, políticas subsidiadas en el marco del proyecto BioClima“, cancelado gracias a gestiones de ambientalistas y defensores indígenas.

Nicaragua sin libertad de Culto

Sobre la situación de la libertad de culto intervino la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, del Grupo Ecuménico de Nicaragua, autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, que ha documentado más de 667 ataques y agresiones contra la Iglesia católica y sus feligreses en Nicaragua.

Molina inició su intervención recordando a Carlos Bojorge, joven católico y preso político del régimen sandinista desde hace casi 200 días. “Las autoridades recomiendan a sus familiares que lo busquen en la morgue, pero nosotros tenemos pruebas de que está en manos del sistema penitenciario de Nicaragua”, expuso.

Asedio a iglesia católica La iglesia católica de Nicaragua ha sido víctima de asedio constante a partir de 2018, con más de una veintena de sacerdotes detenidos, desterrados y desnacionalizados.

“”El régimen ha instrumentalizado símbolos, autoridades y rituales religiosos para sus proyectos autocráticos. La presencia de sacerdotes católicos en mitines busca mostrar una falsa comunión con el liderazgo religioso”, a la vez que organizan o apoyan actividades con iglesias evangélicas (que tampoco están exentas de represión) y con pastores internacionales, señaló Molina.

Molina identificó la continuidad del “discurso de odio dirigido hacia actores religiosos, con adjetivos como ‘terroristas’, ‘servidores de Satanás’, ‘falsos representantes’ y ‘golpistas'”, en su mayoría proferidos por la primera dama del caudillo sandinista, Rosario Murillo.

Para abril de 2024, unas 312 organizaciones religiosas han sido canceladas, 22 por la Asamblea Nacional y 290 por el Ministerio del Interior. 38 estaban ligadas a la Iglesia católicas, 233 a organizaciones evangélicas y 43 a otras denominaciones.

La paradoja del clima empresarial

“Hay varios objetivos sobre la mesa”, reintervino el comisionado Bernal. “El primero es de denuncia y visibilización. Soy optimista y espero que pronto haya cambio de régimen en Nicaragua y el pueblo nicaragüense pueda disfrutar de una democracia constitucional, y que esto que han documentado pueda formar parte de un proceso de justicia transicional“, agregó.

Asimismo, Bernal instó a los países, “desde Canadá hasta Argentina”, a tomar acciones de presión contra el régimen sandinista.

“Esta Comisión ha tomado medidas que han dado sus frutos. Algunos de los presos políticos fueron liberados”, refiriéndose al grupo de 222 desterrados y desnacionalizados en febrero de 2023. Finalmente, Bernal consideró “paradójico” que estos hallazgos sobre la situación de derechos humanos contrastan con informes financieros que destacan un buen clima de inversiones en Nicaragua.

“Inversionistas extranjeros, en particular del sector minero, empresas de países democráticos con democracias consolidadas quieren explotar esos recursos naturales a costa de los derechos de comunidades indígenas, de campesinos