Desaparición forzada: un delito que tiene efectos sobre toda la ciudadanía
La desaparición forzada es un método de represión que utilizan las dictaduras y que infunde temor en toda la población, considera el abogado Yader Morazán.

Las personas desaparecidas de manera forzosa quedan fuera de la protección de la ley, ya que esta no puede generar mecanismos de defensa.
Defensores de derechos humanos y activistas nicaragüenses denuncian constantemente en redes sociales y medios de comunicación que varios ciudadanos opositores se encuentran desaparecidos de manera forzada a manos de la Policía del régimen de Daniel Ortega.
El abogado Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia, explicó a República 18, que la desaparición forzada más que un delito es un método de represión que utilizan las dictaduras, mismo que consiste en privar de la libertad a una persona.
“Ya sea a través de organismos o autoridades institucionales del gobierno o de manera pasiva, que esta persona haya sido capturada por grupos paramilitares por ejemplo y el Estado no haga nada por intervenir y que de alguna manera tiene algo de participación o permisibilidad”, explicó Morazán.
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Así mismo, el abogado detalló que en estos casos está la negación de la información, es decir que no basta únicamente con que hayan capturado a la persona y no se tenga información, sino que también podría darse el caso que se reconoce la captura, pero no se dan razones de su paradero como en el caso, por ejemplo de la oleada que se dio allá por mayo y julio del 2021 en el período preelectoral de Nicaragua, ejemplificó.
Morazán apuntó que el Organismo Amnistía Internacional hizo un informe revelando que Nicaragua se estaba cometiendo ese crimen, que por cierto “es un crimen de lesa humanidad”, remarcó.
Los alcances de este delito
El abogado explicó que la desaparición forzada no solamente tiene un efecto en contra de la personas de manera individual y sus familiares, sino que también lo que provoca es una angustia o sufrimiento generalizado y una zozobra o un temor en contra de la población en general.
Añadió que las personas desaparecidas quedan fuera de la protección de la ley, ya que esta no puede generar mecanismos de defensa, ni saben de los procedimientos que se están aplicando en su contra.
“Tampoco pueden en algunos casos instar al órgano jurisdiccional es decir, promover proceso para buscar proteger los derechos de esta persona o el derecho a la defensa”.
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Morazán lamentó que es poco lo que se puede hacer desde la legislación del país en favor de las personas en desaparición forzada.“Los familiares se encuentran limitados a interponer una denuncia ante las autoridades o hacer una denuncia pública a través de medios de comunicación porque pueden tener, digamos alguna repercusión”.
Sin embargo, explicó que en Nicaragua se puede utilizar un método bastante silencioso que puede promoverlo cualquier familiar o algún tercero y es lo que se llamas un “recurso de exhibición personal por detención ilegal”.
Morazán detalló que el no tener conocimiento del paradero de la persona, es un elemento que provoca que las autoridades “boleen” entre sí o que los recursos no tengan efectividad
Señaló que los magistrados de los tribunales donde se presentan estos recursos, a veces deniegan las solicitudes “porque obviamente es todo el aparato estatal el que se ha puesto de acuerdo para cometer crímenes del Estado en contra de la población de manera sistemática”.
Insistió que es importante intentarlo porque hay que documentar todas las negaciones de justicia que existen por parte del Estado, finalizó el abogado.