¿Por qué no han demandado al régimen sandinista en La Haya?
Un informe asociado al Parlamento Británico recomendó demandar al régimen sandinista por violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué no fue demandado antes?
Un reciente informe ligado al Parlamento Británico recomendó al liderazgo de ese país, entre otras estrategias de presión, apoyar una demanda en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra el régimen sandinista de Nicaragua por la violación sistemática de los derechos de su población.
Paralelamente, una demanda por presunta colaboración en un genocidio, interpuesta por el régimen sandinista en la CIJ a principios de marzo, está prosperando contra Alemania. Cualquiera se preguntaría, ¿por qué la Corte escucha el reclamo de Nicaragua considerando sus establecidos antecedentes de abusos contra su propia población?
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Y, sobre todo, ¿por qué en seis años de crisis sociopolítica, marcados por violaciones constantes a los derechos humanos, Nicaragua no ha sido llevada ante un tribunal internacional?
Carlos Cascante, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Costa Rica (UCR), explicó a República 18 que “nada obstaculiza que un país pueda hacer este tipo de demandas en La Haya”. “Incluso, para 2018, cuando empezó toda esta represión violenta en Nicaragua, se señalaba que debía realizarse una demanda. Pero ningún país lo hizo“, recordó.
Cascante aseguró que el prospecto de un proceso prolongado, como suelen ser estas demandas, pudo haber disuadido a los países de incurrir en la acusación, a pesar de que el caso esté sustentado por investigaciones independientes de organismos como las propias Naciones Unidas o el actual trabajo ligado al Parlamento Británico.
“Incluso si establecen un mecanismo de manera rápida como en el caso de la demanda de Sudáfrica contra Israel”, que se dio vía una resolución de medidas cautelares, “lo cierto es que no necesariamente el Estado demandado acate la decisión“, subrayó el experto.
Para Cascante, pues, se trata de un asunto de legitimidad política más que de una medida que garantice un fin a la represión o cualquier otro crimen cometido por un Estado. El grupo de trabajo ligado al Parlamento Británico por ello propuso otra serie de recomendaciones adicionales a los Estados, entre las cuales se cuenta la aplicación de procesos penales bajo el concepto de jurisdicción universal.
El gobierno de Argentina fue el primero en considerar tal acercamiento, un principio legal que permitiría a países no ligados a la legislación nicaragüense juzgar actos violatorios de los derechos humanos que de otro modo no verían justicia dadas las condiciones irregulares del país donde ocurrieron.