Telcor tendrá facultades para pedirle información de lo que consume la audiencia a los medios de comunicación

La nueva Ley general de telecomunicaciones convergentes, presentada como propuesta a la Asamblea Nacional el pasado viernes, 8 de marzo, se proyecta como una “actualización” del marco jurídico de las telecomunicaciones vigente desde 1995, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y buscando aumentar la inversión en el país.

Sin embargo, la ley también contiene una serie de disposiciones que han llamado la atención de los expertos, sobre todo en lo concerniente a temas de seguridad digital y derechos ciudadanos a la privacidad.

“Es una ley bastante técnica. Tiene un impacto muy amplio“, explicó a República 18 el analista político y exdiputado liberal, Eliseo Núñez.

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Aunque la ley no llega explícitamente a regular los contenidos transmitidos por usuarios de tecnologías de telecomunicaciones, una regulación “que han querido poner a hacer a TELCOR” y que “no está ahí precisamente y eso lo intentaron hacer incluso dentro de las reformas electorales, entre otras”, Núñez sí considera que hay razones para preocuparse.

“Sí me preocupa el artículo 109 de la ley, donde exige que se brinde información al ente regulador. Lo deja muy amplio. Normalmente, la información en temas estadísticos sí estaba disponible para TELCOR, pero la información ‘detallada’, como hablan ellos, es información que salvo orden judicial no se le podía dar al ente regulador“, señaló Núñez

“Ahora lo deja bastante amplio. No lo dice exactamente, pero incluso tienen la capacidad de pedirte qué es lo que ves en televisión, qué es lo que estás consumiendo en términos de redes sociales y otro tipo de materiales a TELCOR, y obviamente con quién hablás y con quién te comunicás“,

Nahima Díaz, actual directora de TELCOR e hija del jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, posa junto al líder sandinista Daniel Ortega. Foto: Redes Sociales

Según Núñez, ese tipo de información permitiría a las autoridades hacer perfiles y asegura que es probable que sea utilizada para vigilar a empleados estatales, a quienes “tienen en la mira”, como quedó evidenciado durante las purgas al Poder Judicial el año pasado.

“No lo veo como algo de aplicación masiva, sino como de contrainteligencia, porque andan en busca de traidores entre sus filas“, agregó.

Otra disposición de la ley es el vencimiento automático y progresivo de todos los permisos habilitantes de telecomunicaciones emitidos por TELCOR. El ente regulador prometió en la ley volver a emitir estos permisos, pero está a criterio de la autoridad, sin fiscalización, quién ve sus permisos renovados.

“Habrá que ver a quién les renuevan las licencias. Capaz que ahí aprovechan para quitarle las licencias a los últimos canales de televisión que no simpatizan con ellos, alegando problemas técnicos”, opinó Núñez.

Contradice a otra ley

Por su parte, José Ulloa, experto en temas de seguridad digital e integrante de la red de Voces del Sur, calificó la ley de “completamente ambigua en algunas aspectos pero muy coercitiva en varios de sus articulados”.

“Desde el ámbito de la seguridad digital, es muy peligrosa porque dice que facilita que las empresas de telecomunicación, de telefonía, puedan enviar información sobre la ubicación georeferencial de un cliente: dónde se mueve, desde dónde llama o recibe llamadas; así se ejerce un control más hermético sobre los ciudadanos“, señaló.

Ulloa dijo a República 18 que la ley “da todas las facultades a TELCOR para pedir información sobre los usuarios y el artículo 109 lo deja de manera discrecional, por lo que TELCOR podría pedir tus llamadas, mensajes, textos; viene siendo como una ley más que todo de supervisión y regulación de la comunicación de los ciudadanos”.

La Asamblea Nacional, controlada por el sandinismo, ya había ampliado las funciones de TELCOR por medio de una reforma en junio de 2023. Foto: Asamblea Nacional

“Es totalmente alejada de una ley moderna que se esperaría para actualizar la ley de comunicaciones y correos, y más bien viene a darle más dientes y más garras a TELCOR como ente coercitivo e interferente de las comunicaciones; existe cero seguridad digital para las personas” con la ley, explicó Ulloa.

Por otro lado, Ulloa apuntó que la ley estaría violando otra pieza de legislación, la Ley 787, “la ley de protección de datos personales que establece que sólo con el consentimiento del usuario se pueden manejar sus datos personales”, lo que entraría en conflicto con los amplios poderes adjudicados al ente regulador con la nueva ley.

La ley no ha sido aprobada todavía, pero con 70 de 91 diputados en la Asamblea Nacional bajo control del Frente Sandinista, no hay obstáculo alguno para que sea aprobada.