Régimen promueve iniciativa de ley para controlar telecomunicaciones
La nueva ley abre la puerta a mayores controles y restricciones para los nicaragüenses.
Las oficinas de TELCOR en Managua.
El régimen sandinista de Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, una nueva Ley general de telecomunicaciones convergentes, iniciativa que pretende otorgarle al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) poder para “normar, regular, planificar, supervisar, fiscalizar y desarrollo el sector de las telecomunicaciones”.
La propuesta fue enviada el pasado viernes, 8 de marzo y el régimen la justifica como una actualización a la antigua ley reguladora en temas de telecomunicaciones. Con 70 de 91 diputados sandinistas, la propuesta no tiene obstáculos en el pleno de la Asamblea Nacional.
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La ley vendría a derogar la Ley 200, “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales”, promulgada a mediados de 1995, y vendría a regir sobre operadores y proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones y comunicaciones audiovisuales, así como personas naturales o jurídicas que hacen uso de estos.
También propietarios de sistemas y flotas de satélites “que requieran aterrizar su señal en territorio nacional” y personas naturales o jurídicas que “internen equipos de telecomunicaciones” son contemplados en la ley.
En sus 94 páginas y 154 artículos, la propuesta establece que los operadores de telecomunicaciones estarán bajo supervisión de TELCOR, y deberán proporcionar información como datos de geolocalización, así como permitir inspecciones de autoridades policiales de ser así necesario.
Algunas de las sanciones incluyen la retención de entre el 0.5 y 2.5% de los ingresos brutos de las telecomunicadoras infractoras derivados del año anterior a la infracción de la ley.
En un plazo máximo de seis meses desde que se apruebe la ley, TELCOR reemplazará todos los “títulos habilitantes para la prestación de servicios” de telecomunicaciones que se encuentren vigentes de conformidad con la la legislación vigente y emitirá otros títulos habilitantes correspondientes de conformidad con la nueva ley.
Por su parte, el régimen justifica esta ley como una medida para “modernizar” la legislación teniendo en cuenta los nuevos avances tecnológicos de las últimas décadas, fomentando así la inversión en esa área de la economía tan poco explorada en el país.
