¿Se sienten seguros los migrantes y refugiados nicaragüenses en Costa Rica?

El año 2024 abrió con un golpe fuerte en la comunidad de exiliados nicaragüenses en Costa Rica. Un atentado de sicariato, presuntamente de inclinación política y ligado al régimen sandinista, dejó a los opositores Joao Maldonado y Nadia Robleto heridos de gravedad.

Pero además de la creciente inseguridad, el principal temor de los exiliados ahora viene del propio Estado costarricense.

El pasado martes, 27 de febrero, un grupo de opositores nicaragüenses llamó la atención al Poder Judicial de Costa Rica implorando que detuviesen el proceso de extradición del opositor Reinaldo Picado Miranda casi dos semanas después de que se consumase la extradición de otro opositor, Douglas Álvarez, hacia Nicaragua.

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La extradición fue posible gracias a una orden de captura emitida por el régimen sandinista en contra de Álvarez a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), en la que acusaban a Álvarez y a Picado del asesinato de un agente policial.

A pesar de constantes advertencias de que existe riesgo de tortura y nulas garantías de un proceso justo para el acusado, el Judicial costarricense consintió y llevó a cabo la deportación, mientras el gobierno del presidente costarricense Rodrigo Chaves aseguró no tener mano en el proceso, a pesar de que el gobierno pudo haber extendido el refugio a Álvarez.

Dáguer Hernández, abogado de ambos opositores, dijo a República 18 que existe “una falta de consideración de los tribunales de Costa Rica ante la situación de derechos humanos en Nicaragua. Muchas personas no se interesaron”.

Tanto a Álvarez como a Picado les habían denegado las solicitudes de asilo. Picado sigue en Costa Rica solamente porque tiene una solicitud de refugio “de última instancia por hechos nuevos. Ahora, con este proceso de extradición, se comprueba que existe persecución“, señaló Hernández.

Douglas Álvarez, preso político extraditado por las autoridades costarricenses a mediados de febrero. Foto: Medios Oficialistas

“Hubo coordinación entre la Policía de Costa Rica y la de Nicaragua para que, a partir de la detención (de ambos opositores) se realizase la extradición. Hemos acudido a instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en el caso de Douglas, la CIDH nos rechazó la solicitud de medidas cautelares porque asumían que no lo iban a entregar”, explicó Hernández.

Hernández considera vital que las autoridades costarricenses se concienticen sobre la realidad de que “muchos opositores van a ser acusados de delitos comunes” por el régimen sandinista. “Únicamente consideraron las formalidades de la extradición, pero ignoraron la situación de derechos humanos“, lamentó Dáguer.

“Esto es un peligro para personas nicaragüenses. Es un muy mal precedente y abre la posibilidad de que haya más extradiciones, porque no había ocurrido antes. Cualquier solicitante de refugio estaría en peligro de ser extraditado“, concluyó el abogado.

Muerte civil

Asimismo, el colectivo de opositores logró confirmar que INTERPOL tiene registrada una orden de captura, emitida por el régimen sandinista de Daniel Ortega en Nicaragua, en contra del profesor Gabriel Putoy, oriundo de Monimbó, Masaya, quien permanece en Costa Rica.

Putoy fue preso político del régimen sandinista por un año y dos meses entre 2018 y 2019. Fue excarcelado gracias a la amnistía general de 2019, pero la persecución policial lo forzó al exilio en Costa Rica, donde fue beneficiado con el estatus de refugiado.

Eso no detuvo al régimen. El 23 de noviembre de 2023, un oficio de la Policía sandinista en Nicaragua fue emitido tras dictada la orden en el Juzgado I de Masaya por la jueza sandinista María Auxiliador Chavarría, llamando a la “captura inmediata de Gabriel Leónidas Putoy Cano, acusado por el delito de obstrucción de funciones en perjuicio del Estado de Nicaragua”.

“Pese a que por su condición migratoria de refugiado se le indicó a INTERPOL la no procedencia de la extradición, tal solicitud de parte del régimen sandinista le ha ocasionado la muerte civil“, explaya el documento.

Putoy perdió su trabajo, es incapaz de abrir una cuenta de banco en Costa Rica y al menos tres familiares suyos han sido capturados por el régimen sandinista. Foto: República 18

Putoy dijo a República 18 que “la dictadura Ortega-Murillo podría mañana inventar un delito común y perfectamente extraditarlos con la venia del gobierno de Costa Rica“, dado que muy pocos de los más de 20 mil nicaragüenses que han solicitado refugio desde 2016 han recibido respuesta en sus procesos, Putoy considera que “están vulnerables“.

“Costa Rica está obligada a brindar a los refugiados todos los derechos a los que se ha comprometido en tratados internacionales. A muchos les han negado el refugio y se refugian bajo una categoría especial complementario que involucra lidiar con el consulado nicaragüense“, algo que su situación de perseguidos políticos proscribe.

Putoy llamó a la autoridad de Costa Rica a no ser “cómplices de la dictadura” y espera que el caso de Álvarez sea el último de su caso. “A muchos excarcelados nos han inventado delitos comunes de una dictadura desacreditada internacionalmente“, concluyó Putoy.