Nicaragua pacta un “marco de cooperación” con Burkina Faso, un país bajo control de militares insurrectos
Burkina Faso es un país inestable del África occidental con nula relación con el contexto nicaragüense.
El capitán Ibrahim Traoré, presidente golpista de Burkina Faso, durante un acto político en Uagadugú, el 15 de octubre de 2022.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen sandinista de Daniel Ortega, aprobó un “Marco de Cooperación” con Burkina Faso, un pequeño país del África occidental con poca relación con Nicaragua, el pasado martes, 13 de febrero.
El acuerdo se firma en medio de una campaña de “quema de puentes” diplomática, en la que el régimen sandinista ha cerrado un total de 7 consulados en Guatemala, Estados Unidos, Gran Bretaña, México y el más reciente en Alemania, mientras establece relaciones con países poco relevantes al contexto nicaragüense.
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Cabe destacar que Burkina Faso es un país altamente inestable, con dos golpes de Estado, uno en enero y otro en septiembre, tan sólo en 2022. Actualmente el país está bajo control del joven caudillo Ibrahim Traoré, acusado por sus detractores de tendencias dictatoriales.
Según informaron medios oficialistas, el acuerdo consiste en la establecimiento de “una Comisión Mixta de Cooperación, integrada por representantes de ambos gobiernos y coordinada por los Ministros de Relaciones Exteriores de ambas naciones”.
La comisión se reunirá cada dos años para discutir temas de “cooperación en el campo de la economía, comercio, agroindustria, agricultura, ganadería, investigación científica y tecnológica, formación profesional, salud, deporte, turismo, medios de comunicación y cualquier otro ámbito acordado”, ningún campo en el que Burkina Faso destaque particularmente.
En declaraciones anteriores, José Dávila, ex-embajador de Nicaragua en Alemania durante el gobierno de Violeta Chamorro, explicó a República 18 que, con su política de cierre de consulados, “el régimen de Nicaragua está una gravísima violación al Derecho internacional y a la humanidad“.
Asimismo, Dávila calificó la política de extensión de relaciones a países insignificantes al contexto nicaragüense como “desastrosa, una política exterior que va en contra de sus propios ciudadanos” dado que los consulados clausurados estaban ubicados, en su mayoría, en zonas que reciben amplia migración nicaragüense.
Se estima que de Nicaragua ha salido un equivalente al 9% de su población desde el inicio de la crisis en 2018. “Son personas que no piensan como ellos y los están castigando, dejándolos sin servicio”, concluyó Dávila.
