Un equipo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) sesionó este lunes en Managua con el supuesto objetivo de definir las líneas de trabajo hasta 2025, aunque soslayó las agresiones que emprende la dictadura sandinista contra territorios indígenas y áreas protegidas.

Según Mirna Cunningham, vicepresidente de Filac, Nicaragua aporta al FILAC y se destaca por llevar la educación superior a los pueblos originarios, y asegura que es “uno de los países con las primeras universidades dirigidas a ese sector poblacional”.

Anexa Alfred, abogada y defensora de los derechos de los pueblos indígenas, consideró que el Filac, al contar con la representación de la dictadura, la instancia vela por los intereses del régimen.

“Es un organo Paritario con representación de parte de los estados y de parte de los pueblos indígenas en la práctica y en el caso concreto de Nicaragua, esa representación siempre ha sido puesta por el gobierno y por sus intereses”, dijo Alfred.

El Filac evitó referirse al secuestro de Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, dirigentes del partido miskito Yatama, quienes fueron secuestrados en septiembre de 2023.

Dictadura secuestra a indígenas

Además, Alfred señaló que en Nicaragua existen alrededor de 12 presos políticos indígenas, incluyendo a los líderes del partido miskito Yatama, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez, de quienes se desconoce el paradero. Por tanto, considera que “es lamentable” que el organismo se encuentre realizando una planificación en Nicaragua “como si nada”

“Es lamentable ver como el Filac esté realizando un taller de planificación en Nicaragua donde cuando a los pueblos indígenas se les persigue, se les criminaliza, se destierran y se desaparecen”, añadió Alfred.

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El FILAC con más de 30 años de trabajo, es un organismo creado por la cumbre de jefes de Estado de Iberoamericana, mediante el cual se han formado y capacitado a unas 3 mil 509 líderes indígenas de la región.

“En Nicaragua hay un genocidio, una política de criminalización de persuasión destierro y desaparición y una política de desintegración de las comunidades indígenas al no garantizar el derecho de propiedad”, señaló al respecto, Alfred.

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Para el 2023, el Observatorio de Pueblos Indígenas de y Afrodescendientes de Nicaragua (OPIANIC) identificó unos 1291 ataques en las comunidades del Caribe nicaragüense, una región que se extiende por unos 66 mil kilómetros cuadrados, casi la mitad del territorio nacional, pero apenas con un 13% de la población del todo el país, que se cuenta en los 6 millones de habitantes.

La situación no es reciente. Desde inicios de siglo, y en particular desde el retorno al poder del Frente Sandinista, con Daniel Ortega a la cabeza, en 2007, las tierras del Caribe han estado a merced del avance de grupos interesados en la explotación de los recursos de esas tierras.