La dictadura consumó la reducción del límite mínimo para la partida presupuestaria a la Corte Suprema de Justicia al reformar el artículo 159 de la Constitución Política de Nicaragua en segunda legislatura y su entrada en vigor al publicarla este lunes en La Gaceta, Diario Oficial.

“El Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones”, señala la reforma al artículo 159 de la Constitución.

Este mismo artículo establecía antes de la reforma que “el Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República”.

En las dos legislaturas en las que fue discutida en el plenario, la enmienda fue aprobada por unanimidad, en una Asamblea Nacional conformada por 91 diputados, 70 de ellos del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que encabeza el dictador Ortega. Los demás legisladores son de diferentes tendencias liberales, considerados colaboradores de los sandinistas, según los críticos.

El 23 de noviembre, los diputados también aprobaron la reforma al artículo 84 de la Ley 260, para establecer la eliminación del límite mínimo de 4% del Presupuesto.

Discrecionalidad, premios y castigos

Un abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que optó por inferir sobre el tema bajo condición de anonimato, aseguró que esto afianza el modelo clientelar de la dictadura.

“Esto transfiere una discrecionalidad absoluta en el presupuesto otorgar a dicho poder evidentemente es una reforma regresiva que podría poner aún en mayor riesgo la endeble administración de justicia en el país ya que esta discrecionalidad se puede traducir en una política de premio y castigos a dicho poder”, señaló.

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El abogado señala que el Poder Judicial está ahora absolutamente sometido en todas sus estructuras y niveles tendrá el favor económico del régimen “mientras que si la pareja dictatorial considera que no están siendo lo suficientemente sumisos el presupuesto podría disminuir recordemos que aun siendo el Poder Judicial una de las principales actores represores ha sufrido”, señaló.

Despidos y control

El jurista señala que esta acción va de la mano con los recientes despidos ordenados por la dictadura a funcionarios del Poder Judicial.

“Recientemente despidos masivo en absoluto secretismo esta reducción presupuestaria es una forma más de control a dicho poder por parte de la dictadura”, señaló.

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El pasado 1 de noviembre, se conoció que el magistrado Marvin Aguilar asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de manera irregular, sin nombramiento oficial ni juramentación, luego del retiro forzoso de la magistrada Alba Luz Ramos el pasado 24 de octubre, cuando fue obligada a desalojar sus oficinas.

La nueva autoridad de Aguilar se vio reflejada en su orientación de dar asueto con goce de salario los días 2 y 3 de noviembre “en fin de conmemorar el Día de los fieles difuntos”, según reza una circular con fecha del 31 de octubre en la que es presentado como “presidente en funciones de este Supremo Tribunal“.

Antes de la reforma el artículo 84 establecía que “el presupuesto anual del poder judicial es no menor del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República”.