Ortega acusa de genocidio a Israel mientras niega sus propios crímenes de lesa humanidad
El gobierno de Ortega utilizó información de Naciones Unidas para denunciar a Israel, misma entidad que lo acusó el año pasado de haber perpetuado crímenes de lesa humanidad.
Daniel Ortega junto al comisionado de la policía Ramón Avellán tras la mortal "Operación Limpieza" que dejó un saldo de 34 muertos entre junio y julio de 2018.
A la Corte Internacional de Justicia y bajo acusaciones de genocidio amenazó el régimen sandinista de Daniel Ortega, por medio de su Ministerio de Relaciones Exteriores, al gobierno de Israel por sus operativos militares en la franja de Gaza posterior a los ataques terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.
La carta, enviada al ministerio israelí de relaciones exteriores, insta al país mediterráneo a “poner fin a sus acciones contra el pueblo palestino y cesar sus operaciones militares en Gaza”, respetando “sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio” del 9 de diciembre de 1948.
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“El Estado de Israel decidió imponer un ‘asedio total’ a la Franja de Gaza, que ya se encontraba bajo un asfixiante bloqueo militar de 16 años”, denunció el régimen sandinista que, al igual que el Estado de Israel, es señalado por diversos organismos defensores de derechos humanos y las propias Naciones Unidas de haber cometido crímenes de lesa humanidad contra su propia población.
El régimen sandinista cita datos de Naciones Unidas para asegurar que, como consecuencia directa de los ataques israelíes sobre Gaza, el número de muertos palestinos ha superado ya los 24 mil, incluyendo unos 10 mil niños asesinados.
Pero, a diferencia de la situación israelí, enmarcada en un conflicto armado en que convergen múltiples fuerzas armadas, en Nicaragua no hubo guerra, sino un asalto unilateral en contra de civiles durante las protestas de 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos “da cuenta de al menos 355 víctimas durante la represión a las protestas sociales entre el 18 de abril y el 31 de julio de 2019”, la vasta mayoría manifestantes pacíficos. 27 de estos eran niños, niñas y adolescentes, según aclaró la entidad.
Desde que amainó la violencia, el régimen sandinista ha mantenido un estado policial para vigilar a cualquiera que ose expresarse en su contra.
El régimen ya había anunciado su respaldo a una iniciativa de Sudáfrica para presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio por la guerra en Gaza. Al mismo tiempo, el régimen ha demeritado en toda ocasión posible los señalamientos de Naciones Unidas en su contra, respaldados por una amplia fracción de la comunidad internacional, sobre todo otros países hispanoamericanos.
El régimen “rechaza categóricamente la creación y designación unilateral de un supuesto ‘Grupo de Expertos sobre Nicaragua’”, tachándole de una “cortina de humo”, y calificó el informe presentado en marzo de 2023 como una “resolución totalmente sesgada… con elementos y mecanismos aprobados unilateralmente y promovidos por Estados Unidos y algunos países europeos, con información subjetiva y politizada, que intentan desestabilizar la Paz y el desarrollo de nuestro pueblo”.
