Régimen convierte a la Policía en “apéndice militar” con reforma constitucional, señala experto
La institución policial nicaragüense legalmente ya no tiene carácter apolítico y apartidista, y está sometida a la presidencia de la república, ocupada por Daniel Ortega.
Agentes femeninas de la Policía Nacional.
Una enmienda constitucional aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua el martes, 16 de enero, eliminó del texto el carácter “profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante” que, al menos en papel, debía poseer esta entidad.
Los diputados, de amplia mayoría sandinista (90/92), aprobaron la enmienda el pasado 5 de julio de 2023 “con carácter urgente”. La medida reformó el Artículo 97 de la Constitución Política nicaragüense, el que establece el marco jurídico de la institución.
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De tal manera la naturaleza civil del organismo, que data del periodo de democratización inmediatamente posterior a la primera dictadura sandinista (1979-1990) queda revocada y la institución ahora “depende de la autoridad ejercida por el Presidente de la República“, el sandinista Daniel Ortega.
La Policía de Ortega ha sido señalada de crímenes de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos a nivel internacional, así como por un grupo de expertos ensamblado por Naciones Unidas. Los crímenes de la Policía han sido documentados de forma extensa a partir de la crisis iniciada en abril de 2018, cuando Ortega y Murillo ordenaron violencia contra un ciclo de protestas en su contra.
Un experto en temas de seguridad que optó por el anonimato por razones de seguridad dijo a República 18 que esta reforma elimina “definiciones trascendentales”, por lo cual la Asamblea transmuta a la institución en un “apéndice militar”.
“El aparato policial ahora ya no tiene impedimentos ‘legales’ para plegarse plenamente al proyecto dictatorial Ortega-Murillo. Pero esa subordinación de la policía a Ortega ya existía desde antes de 2018, sólo que ahora es mucho más evidente el estado de subordinación de la dinastía familiar”, explicó el experto.
Esto no tendría ninguna repercusión que no hubiese experimentado ya la población sometida al régimen sandinista, pero el experto señala que sí presenta implicaciones “en términos del modelo de estado en Nicaragua y en cuanto al afianzamiento de la autoridad discrecional de Ortega sobre la institución”, matizó.
El Estado de Nicaragua estaría, entonces, capacitándose hacia mayores muestras de militarización no tan distintas a las vivido durante la primera dictadura sandinista, pero peor en tanto ocurren en una época sin guerra civil. De hecho, la “resucitación” del Ministerio del Interior es otro ejemplo de este ímpetu presente en el régimen Ortega-Murillo.
