La diputada de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Dinorah Cristina Barquero, del Partido de Liberación Nacional (PLN), pidió a la administración de Rodrigo Chaves que implemente planes de seguridad ante la posible infiltración de células terrorista de la dictadura nicaragüense en su país vecino del sur a raíz del ataque armado contra Joao Maldonado.

Según Barquero, luego del atentado al opositor Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, el pasado 10 de enero, la administración Chaves no debe descartar la presencia de células terroristas de la dictadura sandinista en Costa Rica.

“No podemos decir que no hay células que están afectando la seguridad de las personas nicaragüenses o que son refugiadas cuando ha habido un atentado”, dijo Barquero en una sesión plenaria.

Maldonado, en una entrevista al diario La Nación de Costa Rica, brindada en septiembre de 2023, aseguró que en el país centroamericano existen organizaciones terroristas comandadas por la dictadura sandinista. A estas declaraciones reaccionó la administración Chaves asegurando que no existen indicios para tales afirmaciones.

Barquero, por su parte, recomendó que se realice un operativo coordinado para investigar la posibilidad de la presencia de las células terroristas en suelo costarricense.

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“Lo que tiene que darse es un operativo inmediato de inteligencia, coordinado con fuerza pública, que tenga que ver desde las fronteras y desde un análisis de qué es lo que está ocurriendo, con el Organismo de Investigación Judicial”, dijo Barquero.

“No puede verse de ninguna manera esto que ha ocurrido como un hecho que diga que no existan células terroristas en este país que tengan que ver con la violencia política que ocurre en Nicaragua y que puede trasladarse aquí”, remarcó.

Estira y encoge con el caso de Joao Maldonado

A raíz del ataque a Maldonado, el pasado 10 de enero, la administración Chaves ha pasado por varias contradicciones. El día del hecho, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, refirió que el opositor era protegido por el estado costarricense.

“Fuerza Pública recibió información. Tenemos reportes adicionales que nos indican que esas personas están bajo la cobertura de la Unidad de Víctimas y Testigos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y serán ellos quienes den más información al respecto”, dijo Zamora.

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Sin embargo, pocos minutos después, la presidencia aseguró que no brindaba protección y el OIJ también se desvinculó de esta acción.

“OIJ no tenía la responsabilidad de la protección de esos ciudadanos nicaragüenses. El programa de protección, según la Ley 8720 está bajo la tutela de la oficina de Víctimas de Testigos, que está adscrita al Ministerio Público. Ellos, con su evaluador son los que se encargan de determinar las medidas procesales y extraprocesales para determinar las personas y el tipo de protección”, señaló Omar Brenes, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.