Organizaciones nicaragüenses urgen a Costa Rica esclarecer atentado contra Joao Maldonado y su esposa

Maldonado recibió ocho balazos durante un atentado en el que sicarios motorizados abrieron fuego contra su vehículo en un sector oriental de la capital costarricense.

  • San José, Costa Rica
  • 8:18 am
  • Ene 11, 2024

La escena del crimen atendida por agentes de la autoridad costarricense.

Cortesía
República 18

Diversas organizaciones de la oposición y defensoras de derechos humanos nicaragüenses condenaron el atentado contra la vida del opositor nicaragüense en el exilio, Joao Maldonado y su esposa, Nadia Robleto, que tuvo lugar en San José el pasado miércoles, 10 de enero.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más hizo un llamado al Estado costarricense a esclarecer el ataque, el segundo de su tipo que vio a Maldonado como objetivo desde septiembre de 2021, cuando recibió 5 impactos de bala en Escazú, un cantón capitalino costarricense.

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Asimismo, el Colectivo recordó que “Costa Rica es suscritora de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos de carácter vinculante que obligan al Estado a la protección de la vida y seguridad de las personas solicitantes de refugio o refugiadas dentro del país”.

Maldonado y su familia contaban, presuntamente, con la protección del Estado costarricense, quienes lo habían reubicado en septiembre de 2023, según informó el medio costarricense La Nación. La Dirección de Inteligencia y Seguridad, señala La Nación, habría identificado tres zonas de riesgo para Maldonado y lo habría incluido en el Programa de Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, aunque por prudencia esta entidad no ha revelado mayores detalles.

Al momento del atentado, la pareja viajaba para “realizar trámites para que una de sus hijas pudiera viajar con ellos a Estados Unidos, donde se reubicarían por seguridad gracias a gestiones que hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)”, mencionó una fuente cercana a ese medio costarricense.

Acusan al régimen sandinista

Por su parte, el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) señaló al régimen sandinista de Daniel Ortega. Este atentado, afirman, “es la continuación de un proceso de persecución política, de odio y venganza de la Dictadura Ortega Murillo, contra el liderazgo ejercido por Joao en la Rebelión de Abril en Carazo, que lo obligo al exilio primero, y que luego se puso de manifiesto en el primer atentado contra el mismo en el 2021, y continuo con el despojo de su nacionalidad y destierro en el 2023″.

“Condenamos el atentado con Joao Maldonado y Nadia Robleto y responsabilizamos al régimen totalitario de fraguarlo y ejecutarlo. También demandamos que la fuerza publica de Costa Rica actúe con beligerancia, para proteger a todos los que hemos salido huyendo del peligro de perder nuestra vidas, libertad e integridad y que se investigue a fondo este cruel atentado, que tiene en peligro sus vidas”, añadió el GREX.

Peritos de la autoridad costarricense examinan la escena del crimen. Foto: John Durán/ La Nación

A esta condena se sumó la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN), repudiando “enérgicamente el intento de asesinato por segunda ocasión en contra de los líderes Azul y Blanco”. “Estamos convencidos de que se trata de una nueva persecución del régimen sandinista de Ortega-Murillo contra la oposición nicaragüense radicada en Costa Rica“, añade la UEN.

La Articulación de Movimientos Sociales, la Unidad Nacional Azul y Blanco y el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) de igual forma señalaron al régimen sandinista como responsable del atentado, mientras la prensa oficialista difama a Maldonado, acusándole de “numerosos homicidios, violaciones, robos, extorsiones y otros delitos” a razón de su participación en las protestas contra la violencia del régimen sandinista en Carazo.

Maldonado y su esposa permanecen internados en un hospital de San José, presuntamente en estado crítico, de acuerdo con la Cruz Roja costarricense que reportó el hecho sin identificar a las víctimas y fuentes cercanas que optaron por el anonimato ante la prensa costarricense e internacional.