El 6% constitucional para las universidades nicaragüenses podría estar en riesgo. El 15 de diciembre el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que no es conveniente mantener un porcentaje fijo en las partidas presupuestarias, lo que podría significar que el régimen va en camino a eliminar este beneficio para los estudiantes nicaragüenses.

“Tener partidas presupuestarias porcentuales ligadas al volumen de presupuesto existente pareciera bueno, pero no es bueno. No es bueno porque cuando tenés niveles presupuestarios como los que se están desarrollando en la actualidad con todo el empuje, con toda la fuerza de la economía y del manejo de la finanzas en nuestro país y alcanzás niveles de 120 mil o 130 mil millones (de córdobas)… eso no puede ser así, no, todo tiene su límite”, dijo Porras en una sesión el pasado 15 de diciembre.

El activista en temas académicos, Alexander Reyes, considera que, si bien Porras no se refirió directamente al 6% otorgado a las universidades, no se debe descartar que este beneficio sea suprimido.

“Es completamente posible porque la educación superior ha pasado toda una etapa de represión porque su inicio no fue en 2018. Ya desde 2015 se venía hablando de una transformación de la educación superior”, consideró Reyes.

En 2022 incrementó la destrucción de la educación

A consideración del activista, las medidas que el régimen ha aplicado desde mediados de 2023, “dan luces” del camino por el que pretende llevar a la educación superior.

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“Desde mediados de año ya se decía que se podría convertir al CNU en un ministerio y creo que lo van a hacer. Nada de lo que ocurre en la educación superior de Nicaragua es aislado, porque el CNU tiene la capacidad de intervenir y administrar los fondos del 6%”, afirmó.

El primero de diciembre, la Asamblea Nacional de Nicaragua reformó sin consultar la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior y la Ley 582, Ley General de Educación, en la que despoja al CNU de la administración del 6% y se lo otorga al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

¿Cómo se sustentarán las universidades?

Reyes expresa que el régimen podría apostar al cobro de aranceles o a sostener a las universidades a través de la subvención y de los centros de estudios que han sido confiscados.

“Es probable que esto sea asumido por los estudiantes, que va a reducir la matrícula y a aumentar la brecha de desigualdad, trayendo más empleos informales, mayor índice de pobreza”, afirmó.