Régimen secuestra al padre Óscar Escoto, vicario general de la Diócesis de Matagalpa

Escoto era uno de los sacerdotes que resistió el asedio policial previo a la detención de monseñor Rolando Álvarez en agosto de 2022.

  • San José, Costa Rica
  • 8:32 am
  • Dic 22, 2023

El padre Óscar Escoto Salgado, vicario general de Matagalpa

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República 18

Por orden del régimen sandinista de Daniel Ortega habrían secuestrado al sacerdote Óscar Escoto, vicario general de la Diócesis de Matagalpa la noche del pasado 21 de diciembre, a manos de civiles armados. El secuestro ocurre dos días después de la detención del obispo de la Diócesis de Siuna, monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega y dos seminaristas.

El padre Escoto pasó 15 días cautivo (4-19 de agosto de 2022) junto con monseñor Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa y preso político del régimen sandinista, y otros sacerdotes y laicos en la Residencia Episcopal de Matagalpa, bajo asedio policial previo al arresto del obispo matagalpino.

Los tres sacerdotes ahora presos políticos: Monseñor Isidoro Mora, Monseñor Rolando Álvarez y presbítero Oscar Escoto. Foto: Redes Sociales

Tras aquella detención Escoto había quedado a cargo de algunas funciones en las 28 parroquias de la Diócesis y la Policía del régimen sandinista reconoció, en un comunicado, la “Autoridad Eclesial y sin ninguna restricción policial o de movilidad” del vicario general, mismas que habrían violentado con la detención de Escoto.

Sin Álvarez y ahora sin Mora, en la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) quedan sólo 6 obispos repartidos en nueve Diócesis de la Provincia Eclesiástica de Nicaragua. Dos de estos deben apartarse del puesto por razón de alcanzar la edad límite: Monseñor Carlos Herrera, obispo de Jinotega, cumplió los 75 años el propio 21 de diciembre, mientras que el arzobispo de Managua, monseñor Leopoldo Brenes, los cumplirá en pocos meses y deberá presentar su renuncia.

La detención de Escoto ocurre en un contexto de represión generalizada en contra de la Iglesia católica a razón de su postura en contra de los abusos del régimen sandinista a partir de la crisis que inició en 2018. A la fecha, investigaciones independientes ubican más de 660 ataques en contra de esta institución.