Brasil se une a otros 7 países exigiendo la liberación de presos políticos nicaragüenses

La delegación brasileña en Naciones Unidas solicitó al régimen de Daniel Ortega que libere a disidentes políticos y acepte un equipo de inspectores internacionales para evaluar la situación de derechos humanos en el país, según informaron medios brasileños este lunes, 18 de septiembre.

De esta manera Brasil se une a un grupo de países conformado por Canadá, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile y Colombia, que cuestionan las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen sandinista en Nicaragua. Estos últimos dos países se vieron envueltos en un intercambio de declaraciones fuertes con el régimen sandinista, en el cual calificaron su administración de “dictadura”.

La adhesión se produce días después de que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas difundiese una actualización sobre la situación de derechos humanos en el país, documento que corroboró un “continuo y generalizado” deterioro de los derechos humanos en Nicaragua denunciado desde hace meses por organizaciones defensoras de derechos humanos en el exilio.

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“Desde el inicio de la crisis en Nicaragua, las autoridades nicaragüenses han cerrado más de 3.372 organizaciones de la sociedad civil, incluidos todos los medios de comunicación independientes y el espacio cívico”, denuncian los países, en un documento conjunto presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Estos países reconocen los hallazgos de la ONU y junto con Brasil insisten en que es necesario mantener canales de comunicación con Ortega, algo que el presidente brasileño, Lula da Silva, ha manifestado en ocasiones anteriores y que le ha ganado críticas nacionales e internacionales.

Situación sigue empeorando

Otro señalamiento refiere a la decisión de Ortega de retirar la nacionalidad a opositores. “La gente salió masivamente del país en busca de asilo. En marzo pasado condenamos la revocación arbitraria de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses considerados opositores al gobierno”, afirmaron los países.

Sin embargo, según el grupo, la situación sólo sigue empeorando. “Ahora el Estado de Nicaragua intensifica su represión contra la Iglesia católica, con la detención y condena del obispo de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, a más de 26 años de prisión tras su negativa a exiliarse”, declararon.

Otra preocupación se refiere al sector educativo en el país. “El cierre y confiscación de bienes de la orden religiosa jesuita y de la Universidad de Centroamérica eleva a 27 el número de universidades cerradas”, afirmaron, otra razón más por la que exigen a Ortega que acepte cooperar y permita la entrada de relatores de la ONU que investigarán la situación.

“Hacemos un llamado a las autoridades a iniciar la cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, a permitirles el acceso para investigar denuncias de violaciones de derechos humanos y a renovar el diálogo con la Oficina del Alto Comisionado y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos“, pronunciaron los países.

“Alentamos a la ONU y a las instituciones financieras internacionales a intensificar los esfuerzos para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos proporcionados a las autoridades del gobierno de Nicaragua, asegurando que ayuden a las personas más vulnerables“, concluyeron los países.