Sólo 2 gobiernos de Latinoamérica han condenado el robo de la UCA de Nicaragua

Tan sólo los presidentes de Chile y Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro respectivamente, han condenado el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, consumado por el régimen de Daniel Ortega entre el 15 (cuando acusaron formalmente a la institución de “terrorismo”) y el 18 de agosto (cuando acreditaron a nuevas autoridades serviles al régimen).

“El Gobierno de Chile expresa su profunda preocupación y condena enérgicamente las recientes acciones llevadas a cabo por la administración Ortega – Murillo en Nicaragua, específicamente en relación con la UCA de Nicaragua”, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

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“Chile rechaza enérgicamente estas acciones represivas y exige al Gobierno de Nicaragua que cese de inmediato cualquier medida que afecte la integridad y el funcionamiento de la UCA y de quienes la dirigen… e insta a las autoridades nicaragüenses a respetar y garantizar los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, el derecho a la protesta pacífica y el acceso a una educación de calidad y sin restricciones”, añade el comunicado oficial.

El mensaje de la Cancillería colombiana fue más corto. En este las autoridades expresaron “su preocupación con la confiscación de la UCA de Nicaragua”, así como manifestaron “su profunda solidaridad con los estudiantes, profesores y demás personal afectado por la incautación de los bienes de la UCA, una de las principales instituciones educativas de Nicaragua”.

“Colombia condena con vehemencia todas las medidas que limitan la libertad religiosa, de cátedra y de expresión“, dice el pronunciamiento colombiano.

Es notable que estos dos gobiernos se posicionan del lado izquierdo del espectro político, al igual que el gobierno sandinista de Nicaragua.

Indiferencia y pragmatismo

“Mi impresión es que la comunidad internacional ha tomado un camino diferente con Nicaragua”, dijo Carlos Cascante, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Costa Rica, a República 18.

“O el pragmatismo, mantener las relaciones con Nicaragua porque no se ve que la situación vaya a cambiar en el futuro inmediato y por la sensación de que por más que se hable de los abusos del régimen, nada va a cambiar” añadió.

Cascante cree que la opinión de los demás mandatarios o, en su defecto, de sus encargados de relaciones exteriores, se ve afectada por lo que pudiera parecer un estancamiento de la oposición en Nicaragua a cinco años de iniciada la crisis.

En parte esto ocurrió por la propia acción del régimen, que reprimió de manera constante y calculada a líderes e iniciativas opositores, desarticulándolos.

“Por más que se hable de las violaciones constantes, a la comunidad internacional tampoco le parece que prestar atención vaya a resolver el problema”, de ahí que “gobiernen esos dos elementos: la indiferencia y el pragmatismo”.

“Más bien, pareciera que pretenden que esto se vaya a resolver internamente”, concluyó Cascante.