Estas son las universidades confiscadas por la dictadura Ortega-Murillo

De las 29 universidades confiscadas por el régimen sandinista, solamente siete continúan “operando” de cierta forma a través de cinco nuevas entidades de estudios que la misma dictadura creó a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU).

En su totalidad, las universidades están dirigidas por sirvientes de la dictadura que anteriormente ostentaban cargos en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), una universidad estatal controlada con mayor fuerza por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) desde su retorno al poder.

“La UNAN Managua, estructuralmente hablando es cómplice y participante institucional del saqueo y confiscación de los bienes de las universidades que cerró el régimen”, aseguró Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por la dictadura en 2022.

Universidades confiscadas con fichas del sandinismo

La Universidad Hispanoamericana (Uhispam), que fue la primera en confiscar la dictadura en diciembre de 2021, pasó a formar parte de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, junto a la la Asociación Popular de Nicaragua (Uponic), la Asociación de Estudios Humanitarios (UNEH) y la Universidad Paulo Freire (UPF).

Estas cuatro universidades que se fusionaron en la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, cuentan con la rectoría de Johana Tórrez, anteriormente directora de posgrados de la UNAN Managua.

También cuentan con la vicerrectoría de José Ramón Velásquez, quien anteriormente era Miembro de la Dirección de Investigación de la UNAN Managua.

Por otro lado, la dictadura cambió el nombre de otras universidades, como la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), renombrada a raíz de su confiscación como Universidad Nacional Politécnica (UNP), bajo la rectoría de la sandinista Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, antigua directora del Centro de Estudios de la Salud (CIES) de la UNAN Managua.

Henry Antonio Balmaceda Zamora, a quien el régimen designó como vice rector general de la UNP anteriormente ostentaba el cargo de Director General de la Gestión de Calidad de la UNAN Managua.

También la antigua Universidad Católica Agropecuaria (Ucatse), confiscada por la dictadura y que luego llamó Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, cuenta con la rectoría de Juan Carlos Bermúdez, quien antes ostentaba el cargo de Director del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Facultad  Regional Estelí de la UNAN Managua.

Confiscación de la UCA expone más la absorción de la UNAN

El caso de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), expone aun más la forma en la que integrantes de la UNAN asumen cargos directivos en los centros de educación superior confiscados por la dictadura.

La UCA, que ahora la dictadura renombró como Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, cuenta con un rector asignado por el CNU que ocupaba el cargo de Decano de la Facultad de Educación de Idiomas en la UNAN Managua: Alejandro Geret.

Como vice rectora General nombró a Luz Marina Ortiz Narváez, quien anteriormente asumió el cargo impuesto por el CNU de Secretaria General de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Ortiz Narváez llegó al puesto anterior siendo Secretaria Académica de la Facultad de Educación de la UNAN Managua.

Y Moisés Ignacio Palacios, designado por el CNU como Nuevo Secretario General de la Universidad Casimiro Sotelo, anteriormente era Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas UNAN Managua.

Dictadura deja “al garete” estudiantes de universidades que no reabrieron

Luego de su eliminación y confiscación, si bien el régimen asegura que los estudiantes de esos centros de estudios pueden reintegrarse en otras universidades adscritas al CNU, en realidad no existe mucho interés por parte del Estado para que los estudiantes puedan continuar con sus estudios.

Por esta razón, los estudiantes de las 22 universidades que no reabrieron sus puertas (de las 29 confiscadas) se enfrentan a la incertidumbre al continuar con sus estudios.

Alexander Reyes, director del Observatorio de la Libertad Académica aseguró a República 18 que el Estado no da respuestas a los estudiantes de las universidades cerradas en cuanto a sus calificaciones y títulos.

“No ha habido soluciones en ningunas de las universidades. Lo que han hecho es trasladarlos a estas nuevas universidades, pero con actualización de currículo, por lo que a quienes les faltaba una clase, ahora tienen pendiente casi un año”, aseguró.

“El Estado no puede hacerle frente a las gestiones de tantas universidades que cerró, por eso no se emiten títulos. Esto desanima a los estudiantes a seguir dentro de las universidades que se han creado”, dijo Reyes.

Desorden en las nuevas universidades

Reyes expresó que a los estudiantes de las 22 universidades que no continuaron aun con otro nombre, el CNU y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) los trasladan a otras universidades, incluyendo las confiscadas.

Sin embargo, el desorden de las currículos educativos (planes de estudio de carreras) obligan a los estudiantes que estaban a punto de concluir sus estudios a incorporar nuevas asignaturas, extendiendo hasta por un año más sus estudios.

“El CNEA pone de excusa los parámetros internacionales que aseguran no se cumplieron por parte de las universidades cerradas. Hasta la fecha, se conoce que han impuesto más clases de inglés y se desconoce la calidad de estas. No ha habido soluciones concretas”, dijo Reyes.

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Por esta razón, asegura que “la mayoría de estudiantes de estas universidades cerradas se van del país y eso ha provocado mayor migración al sur de América, que era una zona del continente que no era una opción para el nicaragüense”, expuso.

Emprenderán acciones internacionales

El rector de la confiscada Universidad Paulo Freire, asegura que un grupo de abogados está explorando el terreno para acudir a instancias internacionales de educación, como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (RIACES)

“Estamos explorando el terreno, porque no podés llegar al CSUCA o RIACES con un discurso, sino con una tipificación clara de la conducta por la cual pedís una sanción académica, en este caso, contra el CNEA y el CNU”, afirmó Meza.

En el caso del CSUCA, cinco universidades de Nicaragua forman parte del Consejo, incluyendo la UNAN León, UNAN Managua, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria, entre otras.

El 4 de agosto de 2020, Ramona Rodríguez, rectora de la UNAN Managua y del CNU, fue electa para la  presidencia pro témpore del CSUCA, cargo que ostentó entre 2020 y 2022.

Rodríguez es señalada de cómplice al negar expedientes académicos a estudiantes opositores de la UNAN Managua y participar en la confiscación de universidades privadas.

Se basarán en estatutos

Meza considera que parte de las averiguaciones ante el CSUCA para impulsar acciones contra la dictadura, se basan en que en los estatutos del Consejo se plantea que promueve la democracia y la autonomía universitaria.

“El CSUCA ya tiene en las manos una papa caliente y va a ser una prueba de fuego, porque desde 1948 ha proclamado la autonomía y la democracia”, dijo Meza.

Uno de los elementos que forman parte del eventual procedimiento es la demostración del control del CNU a través de una reforma que le permitió intervenir las universidades y el “despliegue” de funcionarios de la UNAN en cargos de dirección de las universidades confiscadas.

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En el caso de RIACES, en el artículo 4 inciso h de sus estatutos, se plantea que la red aporta al mejoramiento de la calidad en la educación.

El CNEA forma parte de RIACES y, aunque los estatutos no incluyen en las causales de suspensión, si establecen la creación de un comité de ética a raíz de denuncias recibidas ante órganos de la red.

Comunidad internacional debe reconocer emergencia

A criterio de Alexander Reyes, del Observatorio de Agresiones a la Libertad Académica, la comunidad internacional debe reconocer que en Nicaragua existe una “emergencia académica” tras el cierre de centros de educación.

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A su consideración, esto abriría las puertas en universidades extranjeras a estudiantes nicaragüenses que no cuenten con la documentación completa o apostillada y que abandonaron Nicaragua por temas de persecución política o en busca de mejores oportunidades.

“Debemos hacer un llamado urgente a toda la comunidad internacional para que se declare una emergencia la situación educativa de Nicaragua para que se tome en cuenta los que fueron expulsados desde 2018, que no han logrado reinsertarse a la vida académica en otros países”, dijo Reyes.

Al respecto, considera que existe un desinterés por parte de organismos regionales de educación y que hasta el momento, no han recibido respuestas a sus comunicaciones.