Departamento de Estado de EEUU condena acusaciones contra UCA de Nicaragua
Diplomáticos estadounidenses se unen a organizaciones opositoras y religiosas en su condena contra la toma de la UCA

Vedant Patel, vocero adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, condenó las acusaciones de “terrorismo” que la justicia nicaragüense, controlada por el régimen de Daniel Ortega, elevó contra la Universidad Centroamericana (UCA) tras haberla confiscado ayer, 16 de agosto.
Se trata de una “erosión de las normas democráticas, un espacio cívico asfixiante”, dijo el vocero, agregando también que “es una señal más de que Ortega y Murillo continúan abrazando el autoritarismo y socavando todas las instituciones independientes en Nicaragua“.
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Pero, “a pesar de sus esfuerzos”, Patel declaró que “no pueden extinguir la libertad de pensamiento“.
El Departamento de Estado aseguró que continuará “utilizando herramientas diplomáticas y económicas” a su disposición para presionar al régimen Ortega-Murillo para que los responsables de violaciones a los derechos humanos y abusos de autoridad paguen por sus actos.
Tras cerca de una semana de asedio financiero en que sus cuentas fueron congeladas por el régimen, la Universidad Centroamericana fue acusada de albergar centros de “terrorismo” por el X Juzgado de Managua este miércoles, 16 de agosto.
Al día siguiente, el Consejo Nacional de Universidades procedió a crear la Universidad Casimiro Sotelo, a la cual se le transfieren las propiedades confiscadas a la UCA.
Brian A. Nichols, secretario de asuntos para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, expresó a través de su cuenta de Twitter que “la confiscación de la Universidad Centroamericana representa una mayor erosión de las normas democráticas y el cierre del espacio cívico por parte de Ortega-Murillo”.
A la vez que lamentó esta embestida, Nichols celebró el trabajo de la universidad, a la que considera “un símbolo de excelencia académica y esperanza para el futuro de Nicaragua“.
Además del Departamento de Estado, organizaciones de la oposición nicaragüense, la Compañía de Jesús, así como otras universidades, exdocentes y estudiantes, se pronunciaron a favor de la ahora extinta universidad que funcionó durante 63 años.