Empresa china recibirá casi 30 mil hectáreas en concesiones mineras en Nicaragua

La empresa china Zhong Fu Development SA recibió dos concesiones mineras en Nicaragua, aprobadas por el régimen de Daniel Ortega, sumando entre ambas casi 30 mil hectáreas en el Caribe Norte de Nicaragua. Las concesiones fueron aprobadas por el concejo municipal de Puerto Cabezas en una sesión ordinaria convocada por la Alcaldía el pasado sábado, 29 de julio.

Una de las concesiones ya aprobadas por Puerto Cabezas a Zhong Fu es por 14 500 en el municipio de Puerto Cabezas y la otra consiste de 14 mil hectáreas en la comunidad de Sahsa, en el territorio indígena de Tasba Pri, una “de las zonas más productivas del Caribe”, según medios oficialistas.

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El régimen aprobó las concesiones días después de que se anunciara una convocatoria para ceder 226 mil hectáreas en la región del Caribe sur, las primeras concesiones en esa zona.

Concesiones mineras en Nicaragua: “Una amenaza existencial”

Un mes antes, el concejo municipal de Siuna había dado su aprobación a que la empresa iniciara pruebas geológicas en su territorio, pruebas que también ejecutó en los municipios de Waslala y Mulukukú en el Caribe Norte, como parte de una solicitud de concesión que aspira a obtener unas 100 mil hectáreas en esos municipios.

La Plataforma de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (INANA-IAP) denunció en sus redes sociales esta concesión así como también el proyecto para una carretera entre las comunidades de Nueva Esperanza, Akawas, Pinol, San Pablo y Sahs.

Entre sus razones, señalaron que los lotes denominado, denominados Columbus I y Twi Wauhpasa, son “fuente de agua potable para la comunidad de Sahsa, en cuya defensa frente a la deforestación y el establecimiento de minería artesanal familias de la zona protestaron en el pasado sin ser debidamente escuchados“.

Además, el avance de las concesiones mineras, que hasta el anuncio de estas nuevas concesiones se limitaban al Caribe norte, genera “condiciones de mayor violencia, colonización y genocidio”, según expresó la organización, refiriéndose a la violencia constante que ejercen colonos ilegales en territorios indígenas.

En esa línea la organización aseguró que se trata de una amenaza existencial “para las culturas indígenas y afrodescendientes, al imponerse contra su voluntad, perseguir y expulsarlos en caso de oposición a través de diversas formas de violencia”.

Una región vulnerable

Daisy George, socióloga especializada en pueblos originarios y afrodescendientes, dijo a República 18 que las regiones autónomas del Caribe nicaragüenses se encuentran particularmente vulnerables ante el incumplimiento de las leyes que deberían protegerlos.

“En medio de la alta vulnerabilidad de los Pueblos Indígenas, ahora están entregando concesiones a los Chinos. La ironía, es que en ambos concejos regionales – Norte y Sur – los 48 miembros son costeños” dijo George.

“No han podido mejorar las condiciones de vida para los Pueblos Indígenas y ahora votaron para permitir a los chinos adueñarse de los territorios indígenas. Este es el reflejo de la maldición de ‘malinche’, porque no han podido ni siguiera gestionar un programa de atención integral para los Pueblos indígenas, pero para dar paso a las concesiones a los chinos votaron a su favor” denunció.

George mencionó además la problemática de los colonos, que “asesinan, secuestran, violan, expulsan de sus territorios (a los nativos) y no hay protección del estado“, por lo que considera esta nueva serie de concesiones como parte de un patrón, “una triste realidad”, de abandono a al caribe nicaragüense y a su gente.

Comunidades sin voz ni voto

“Desde el contexto sociopolítico en los territorios indígenas, se debe entender que las comunidades son dueñas de la tierra y de los recursos. Ellos deben tomar sus decisiones a través de las asambleas comunitarias” dijo un líder comunitario a República 18.

“Todas las extracciones se hacen con acuerdo de la comunidad, pero es siempre la comunidad la que debe decidir” agregó, señalando que, según la ley, el 25% de los ingresos de tales operaciones le corresponde a las comunidades propietarias del territorio

“Pero esto no pasa. En el caso de las concesiones mineras, el gobierno otorga cierto número de hectáreas para la explotación minera, pero la comunidad no se termina beneficiando” matizó.

Según explicó, uno de los principales efectos de la minería es que las comunidades se ven expuestas a la contaminación por mercurio, un químico altamente tóxico que resulta del proceso minero y que acaba en el agua, en el suelo y hasta en el organismo de los animales.

“En esas áreas donde se les otorga la concesión, ahí las comunidades no tienen intervención, no pueden entrar a cazar, no pueden sacar madera, todas las utilidades que reciben del bosque las pierden y están bajo control y dominio de la empresa” sostuvo.

El líder señaló como ejemplo a las operaciones de HEMCO, minera de capital colombiano que opera en Bonanza, municipio del Caribe Norte, que asegura “no aporta ningún beneficio” a las comunidades donde tiene asentadas sus operaciones.