¿Qué implica que toda la cúpula de la Asamblea esté sancionada por EEUU?
Toda la directiva de la Asamblea Nacional está sancionada por Estados Unidos. Los más recientes fueron incluidos en la Lista Engel
Con la reciente designación por parte del Gobierno de Estados Unidos a 13 funcionarios orteguista a quienes incluyó en la Lista de Actores Corruptos y Anti-Democráticos, conocida como “Lista Engel” —que entre sus restricciones, prohíbe a los afectados el ingreso al país norteamericano— la Junta Directiva que preside la Asamblea Nacional está completamente sancionada, pues los siete diputados y diputadas que la conforman han sido señalados de cometer violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
En pleno 19 de julio, el Departamento de Estado sancionó a cuatro directivos del Poder Legislativo encabezando la lista Arling Patricia Alonso Gómez, vicepresidenta de la Asamblea junto a Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta; Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria; y Alejandro Mejia Ferreti, tercer secretario se unen al presidente del Parlamento, Gustavo Eduardo Porras Cortés que fue sancionado el 21 de junio de 2019 bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA), mejor conocida como la Ley Nica Act.
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Porras junto al diputado oficialista y segundo secretario del Poder Legislativo, Wilfredo Navarro Moreira y María Haydée Osuna, presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y tercera vicepresidenta de la Asamblea fueron los primeros diputados agregados el 9 de marzo de 2022 a la Lista Engel.
El 22 de diciembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Sección 353 de la La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, conocida como “Lista Engel”, que tiene como único objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.
“Probablemente van a terminar sancionado todos los diputados”
A lectura de Eliseo Núñez, exdiputado liberal y analista político, las designaciones o sanciones tienen un impacto “moral”.
En un dado caso, de que se vea afectada la operatividad de la Asamblea, Núñez, explicó “ellos tendrían que reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo porque el representante legal es el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, pero eso seguro ya lo habrán hecho, entonces ahora tendrían que hace una reforma adicional para delegar un funcionario administrativo para que no sea electo”.
Núñez señaló que no hay en América Latina un caso similar al de Nicaragua en cuanto a sancionar a los miembros de la Junta Directiva del Parlamento. “Probablemente el camino que se siga es que van a terminar sancionado todos los diputados porque por primera vez está sancionado un diputado que no es sandinista (Ferreti)”, explicó.
Un experto nicaragüense en Derecho Internacional, que pidió no ser citado por temor a represalias, dijo que a inclusión de funcionarios a la Lista Engel “es un claro mensaje sobre la lucha contra la corrupción y los abusos a los derechos humanos”.
Argumento de las sanciones
A la primera vicepresidenta de la Asamblea, Arling Patricia Alonso Gómez, la responsabilizan de despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Mientras que a Gladis de los Ángeles Báez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, el Departamento de Estado considera que participó en represalias gubernamentales coordinadas para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
A Loria Raquel Dixon Brautigam, primera secretaria de la Asamblea Nacional, consideran que contribuyó en la campaña represiva con la que despojaron de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Y finalmente a Alejandro Mejia Ferreti, tercer secretario de la Asamblea Nacional, directivo del partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), partido aliado de Ortega, y el Departamento de Estado considera que contribuyó a la campaña represiva para despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen de Ortega-Murillo.
Las razones por la que el Departamento de Estado puede incluir a un funcionario a la Lista Engel son tres las causas o razones; la primera es que se trate de extranjeros que, con conocimiento de causa “hacen parte de acciones que socavan procesos democráticos”; la segunda es que sean extranjeros que “intencionalmente participen en casos de corrupción significativa”; y la tercera es que sean extranjeros que “obstruyen investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión, entre otros”.
