¿Qué tan posible es que la Corte Penal abra un proceso penal contra el régimen de Ortega?

El abogado argentino Darío Richarte reveló que podría abrirse la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) tenga competencia sobre Nicaragua, si se toma en cuenta el financiamiento que el hondureño Dante Mossi en su calidad de presidente del Banco Centroamericano Internacional (BCIE) mantuvo constantemente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde el estallido de la crisis sociopolítica y la brutal represión ejecutada por el Estado. Richarte explicó que la posibilidad obedece a que tanto Mossi como la sede del BCIE están en Honduras, y dicho país es miembro del Estatuto de Roma.

“La participación criminal en el financiamiento de la dictadura que realizó el BCIE está incluida en el artículo 25 del Estatuto de Roma como cómplice, encubridor o facilitador y tiene antecedentes, por ejemplo, en la sentencia del tribunal de Sierra Leona, en el escrito de la Fiscal Fatou Bensouda (Colombia) y en el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua”, indicó Richarte.

Enseguida manifestó “mientras tanto vamos a incluirlo en la denuncia realizada en Argentina. Quienes sugirieron esta posibilidad son alumnos de la Facultad de Derecho que investigaron el tema y que están comprometidos en la defensa de los derechos humanos”, y dijo que “aclaro que esto es una posibilidad que surge del análisis técnico jurídico. Ojalá suceda. Por otra parte, algunos refieren que hay fuerzas paraestatales de la dictadura haciendo actividades de inteligencia y amenazando víctimas en otros países firmantes del Estatutos de Roma, habrá más novedades en los próximos días”.

El 5 de octubre de 2022, en Tribunales de Argentina un grupo de abogados, incluido Richarte, se abrió una investigación penal contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y altos funcionarios de sus regímenes para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad, basada en el principio de Jurisdicción Universal reconocido en la Constitución de Argentina.

¿Qué tan posible es?

A lectura del abogado nicaragüense Uriel Pineda, experto en derecho constitucional, exiliado en México, lo que plantea Richarte es correcto. Y a su vez, explica que hay dos reglas básicas de la Corte Penal Internacional, la primera tiene que ver con que “el país donde se haya cometido los hechos sea parte del Estatuto de Roma, y Nicaragua no lo es”, y en segundo que “la persona que haya cometido los hechos sea parte o nacional de un país que si reconoce la competencia de la CPI que es el supuesto que plantea Richarte, en este sentido digamos que es correcto”.

Considera que aunque es un poco complicado porque “en segundo grado, porque Mossi no es un autor directo de la agresión, no fue el hondureño el que ordenó y ejecutó los asesinatos encarcelamientos, etc., pero él podría configurarse como una figura de cooperador necesario como una especia de complicidad, en el sentido de que aporte medios escasos como el financiamiento que para cometer los actos de represión debió haberse accedido a un dinero que facilitó este funcionario del BCIE”.

Ante ese supuesto dijo Pineda a República 18 que lo que “implicaría es que existiese una acusación principal contra el autor principal (Daniel y Rosario) y que él trace dentro de estas figuras (funcionario del BCIE) tenía conocimiento de lo que iba a ocurrir y fueron parte del plan, siento que aunque existe una posibilidad el tema es un poco remoto, porque la jurisprudencia ha planteado esos dos elementos, tener conocimiento del plan y algún tipo de participación, y la de Mossi fue indirecta por el financiamiento, pero creo que es un escenario posible, creo que puede dar pauta a un debate jurídico interesante, sin embargo me parece la posibilidad de que llegue a establecerse culpabilidad es un poco remota porque su participación es accesoria y hay que establecer los estándares de la Corte, se deberían de tener mayores elementos (o pruebas)”.

Un caso similar a lo que pasó con Vladimir Putin en Ucrania, en marzo pasado, la CPI giró una orden de captura contra el presidente de Rusia porque  “es presuntamente responsable por el crimen de guerra de deportación ilegal de población —de niños— y el traslado ilegal de población —de niños— de las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación de Rusia”.

Cabe mencionar que la CPI actualmente no tiene jurisdicción en Nicaragua porque el país no ha ratificado el Estatuto de Roma, requisito que establece la ONU para aplicar la jurisdicción de ese tribunal internacional en un país. Un total de 123 países forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incluyendo los de Centroamérica, con excepción de Nicaragua. En el caso de Rusia, aunque se desligó del Estatuto de Roma en 2016, los hechos por los cuales se acusa a Putin iniciaron en territorio de Ucrania, que sí es firmante del Estatuto de Roma.