Dictadura eleva a 27 los abogados despojados de su licencia
El régimen de Daniel Ortega ha anulado las licencias de 27 abogados. El reo política Manuel Urbina Lara es el más reciente.
Ya son 27 los abogados a quienes el régimen de Daniel Ortega despojó de sus licencias de por vida. El último en ver su licencia anulada este 23 de mayo fue el reo político Manuel Urbina Lara, preso en el sistema penitenciario “La Modelo” desde 2021 por el fallecimiento de un ciudadano en un accidente de tránsito que él protagonizó.
La cancelación de Urbina probaría su estatus de reo político, puesto que las cancelaciones han estado dirigidas a abogados opositores, en su mayoría exiliados, como el abogado Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, quien dijo a República 18 que esta medida se trata “de una perversidad más en el proyecto de maldad” del régimen de Nicaragua.
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Las licencias son retiradas a través de la Corte Suprema de Justicia sin mayor explicación o razonamiento, sólo citando los artículos 165 y 164 de la constitución política, los que le atribuyen a la Corte la suspensión de las licencias.
“Ya ni existimos”
“La tiranía Ortega-Murillo sólo sabe producir maldad. Si es noticia, es sólo por la suma de maldades” afirmó el defensor de derechos humanos, uno de los 24 abogados que no sólo perdieron sus licencias, sino también la nacionalidad nicaragüense. “Cuando nos despojaron de la nacionalidad, pasaron a borrarnos, como que ni nacimos en Nicaragua; ya no existimos” explicó.
Otros fueron despojados de su licencia tras haber un encarcelamiento prolongado que terminó en febrero de 2023 con un exilio forzado, como ocurrió con la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
“En el caso mío, que llevo más de cuatro años fuera del país forzosamente, he estado materialmente imposibilitado de estar ejerciendo ninguna labor de abogado y notario” relató Carrión, añadiendo que “si yo no existo, obvio, ya no soy abogado. ¿Cuál es el propósito? A mí no me aterrorizan, pero quieren enviar el mensaje hasta donde estemos y, sobre todo, para los que están en el país”.
“Se nos despojó de la nacionalidad, fuimos condenados sin juicio; no vas a encontrar algo parecido” en nuestra historia, dijo Carrión. “Los que están trabajando de abogado o notario en Nicaragua lo ven y saben qué les puede pasar. El objetivo es aterrorizar a los de adentro” denunció Carrión.
“La tiranía sólo eso puede ofrecer: maldad tras maldad” concluyó.
Muerte civil
“Los abogados que vieron su licencia cancelada y que están en todavía en Nicaragua prácticamente sufren muerte civil“, detalló a República 18 Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaraguense de Derechos Humanos (DNDH).
Estos abogados, dijo Cuevas, “no toman casos, porque no ganan ninguno. Desde que un judicial o una instancia administrativa los ve, ya están estigmatizados y no podrán ayudarles de manera efectiva a sus clientes”.
Tal fue el caso de Yonarqui Martínez, abogada que defendía a los presos políticos del régimen sandinista. La licencia de Martínez fue cancelada el 9 de mayo. Al momento de la cancelación, Martínez representaba al monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa preso desde el 9 de febrero y condenado injustamente a 26 años de presión.
“Es un mensaje de terror e intimidación para que los abogados no defiendan presos políticos, no defiendan derechos humanos y para que, los que quieran quedarse, no pueda ayudar a las personas que el régimen estigmatiza o procesado” concluyó Cuevas.
