Nicaragüenses quedan indefensos sin una Cruz Roja independiente
La Cruz Roja Nicaragüense fue usurpada por orden de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo, violentando así los convenios internacionales.
La Cruz Roja Nicaragüense fue usurpada por el Estado a través del Ministerio de Salud por orden de la Asamblea Nacional controlada por el sandinismo el pasado 10 de mayo, una medida que violenta los principios de Independencia, Neutralidad e Imparcialidad que la organización definió desde su conformación en el país el 10 de enero de 1934.
“Las sociedades nacionales deben conservar una autonomía que les permita actuar siempre de acuerdo con los principios del Movimiento”, dicta el Principio de Independencia acordado por todas las organizaciones de la Cruz Roja en todo el mundo.
Asimismo, el IV Convenio de Ginebra, acordado en 1949 y firmado por Nicaragua en 1952, declaró protegido al emblema de la Cruz Roja, de tal modo que no puede ser utilizado ni en paz ni en guerra por ningún gobierno.
Nota relacionada: Dictadura se apropia de la Cruz Roja Nicaragüense tras acusarla de «atentar contra la nación»
Este principio, junto con el de Imparcialidad y Neutralidad, existen para proteger a las personas sin importar en qué lado se encuentren en un conflicto, como explicó a República 18 Uriel Pineda, consultor independiente en temas de derechos humanos.
“Normalmente, cuando vos le preguntás a un nicaragüense qué es o qué hace la Cruz Roja, lo asocian a temas como traslado de enfermos o heridos en ambulancia, brindar servicio de socorro, el Banco de sangre. Incluso, temas administrativos como, por ejemplo, para sacar una licencia de conducir tu examen de la vista te lo hace la Cruz Roja”, pero la función fundamental de la Cruz Roja, señaló Pineda, es la de atender a las víctimas en procesos de violencia masiva.
La Cruz Roja “tiene un papel mucho más relevante y mucho más trascendente a nivel internacional, tiene que ver incluso con el seguimiento de los derechos humanos mismos” puesto que, desde su fundación en 1863, brinda “la asistencia humanitaria a las personas, a los soldados, a los combatientes heridos y otro sinnúmero de asistencias humanitarias a población civil dentro de un contexto armado”.
También puede leer: Médicos nicaragüenses en el exilio con dificultades para encontrar trabajo en su profesión
Es por esta razón que Pineda expresó preocupación sobre el texto con el cual la Asamblea Nacional tomó control de la organización. “No se puede ‘nacionalizar’ a la Cruz Roja porque atenta contra los principios de Neutralidad, Imparcialidad e Independencia” declaró, recordando que, incluso en tiempo de guerra civil en Nicaragua, siempre hubo un “actor neutro: la Cruz Roja”.
Sin ese actor neutro, evaluó Pineda, “el riesgo de que, ante un estallido social nuevo en Nicaragua, se obstaculice la labor humanitaria de prestar auxilio, de atender heridos en eso, aumenta”. De tal modo que la población de Nicaragua queda desprovista de protección humanitaria ante la posibilidad de un conflicto armado o estallido social.
Tanto al informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), como el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de diciembre de 2018 y el que elaboró el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la ONU en marzo de 2023 dan cuenta de la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluyendo cómo el Ministerio de Salud negó atención médica a los heridos y se sumó a la política de represión del régimen.
“A la fecha son más de 3 mil organizaciones de sociedad civil las que han sido forzadas a cerrar sus operaciones” apuntó Irene Cuéllar, investigadora regional de Amnistía Internacional.
“Las consecuencias del cierre de una organización humanitaria tan importante como la Cruz Roja supone, en términos prácticos, la pérdida de servicios humanitarios que incluyen atención médica primaria y respuesta a desastres” detalló Cuéllar, agregando que esta decisión es “lamentable” y “podría conllevar el detrimento de derechos fundamentales, como el acceso a la salud, especialmente en las comunidades empobrecidas”.
“El gobierno de Daniel Ortega debe sustituir la represión y la intolerancia al disenso por estrategias que tengan al centro el respeto y goce de los derechos humanos de todas las personas en Nicaragua” concluyó Cuéllar.
Por su parte, Pineda considera “una obligación de la comunidad internacional sumarse al esfuerzo denunciando lo que pasa en Nicaragua y condenándolo porque, básicamente, nos ha dejado en indefensión“.