Estas son algunas defensoras de derechos humanos, víctimas de la represión del régimen Ortega-Murillo
A pesar de la equidad de género que proclama Rosario Murillo. El régimen orteguista receta a mujeres abogadas el exilio, la cárcel, destierro, persecución e incluso suspensión de la profesión, tal es el caso de la defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez
A pesar de que Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta de Nicaragua a la que Daniel Ortega la llama “co presidenta” ha intentado presentar ante la comunidad internacional y el territorio nacional a su gobierno como “ejemplo” en materia de género en la región, la situación es otra: prueba de ello fue el trato degradante e inhumano al que fueron sometidas las presas políticas a las que mantuvo privada de su libertad por más de un año y por otro lado, la persecución y represión en contra de abogadas y defensoras de derechos humanos.
“Nos sentimos contentos, orgullosos porque sabemos que en este modelo del pueblo presidente hay equidad de género”, dijo Murillo el 28 de abril pasado cuando anunció que 15 mujeres comenzarían a ostentar cargos en el Ministerio de Gobernación (Migob).
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La arremetida en contra de las abogadas y defensoras de derechos humanos a la mayoría las ha obligado al exilio forzado, pero también madres, hermanas e hijas de las víctimas mortales de la represión estatal de abril 2018 a quienes no solo se les ha negado el acceso a la justicia sino que las ha sometido a voraces hostigamientos.
De hecho el pasado 8 de marzo, las nicaragüenses conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en medio del destierro, el exilio, la impunidad y la persecución como consecuencia de la violencia institucional y machista contra la mujer nicaragüense que en la última década ha aumentado. Fue el quinto año consecutivo en que las mujeres de Nicaragua no salieron a marchar un 8 de marzo.
Defensoras de presos políticos
Este miércoles la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dominada por magistrados leales al régimen, ordenó suspender de manera definitiva la carrera de Yonarqui Martínez, como abogada y notaria pública nicaragüense, y que se declarará nulo el título de Abogado y Notario Público registrado ante la CSJ.
“Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia”, indica la circular de la CSJ hecha publica este 9 de mayo. Además, la circular indica que la defensora debe presentar en un período de 24 horas ante la Secretaría de la CSJ los Protocolos que llevó durante los quinquenios que estuvo autorizada para cartular, así como sello y carné de abogado y notario público.
Martínez, de 39 años, es una reconocida de la defensora de presos políticos en Nicaragua. En los últimos días ha denunciado los procesos anómalos de los que han sido víctimas más de 30 nicaragüenses, entre ellos opositores, periodistas, familiares de víctimas de abril a quienes el régimen ha capturado en horas de la noche y a sometido a audiencias informativas en horas de la madrugada y liberarlos bajo la condición de presentación periódica que incluye ir de lunes a domingo a firmar, de lo contrario serán encarcelados.
Es especialista criminalista: lavado de activos y narcotráfico, crimen organizado y derechos humanos. Hasta abril de 2019, llevaba 70 casos de reos de conciencia en Nicaragua.
Su labor como abogada desde abril 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica, la convirtió en un blanco de ataque. En varios períodos denunció públicamente la persecución, el acoso, hostigamiento, amenazas de muertes del que ha sido víctima,
El 6 de diciembre de 2018, Martínez sufrió un atentado vehicular en Managua, según denunció en ese momento. Posterior, el 27 de febrero de 2019, el juez orteguista Henry Morales citó a Martínez para que se presentará al Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua para procesarla por delitos que en ese momento se desconocían. El caso fue archivado un mes después. Sin embargo, el 4 de noviembre de ese año la defensora denunció que su vivienda fue atacada a balazos por turbas orteguistas en horas de la noche.
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El 7 de diciembre de 2020, por el constante asedio, intimidación, persecución y amenazas que sufría la abogada de parte de agentes estatales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le otorgó medidas cautelares de protección a ella y su núcleo familiar, por considerar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
En junio pasado, a través de sus redes sociales Martínez denunció que el poder judicial requirió su presencia en el Complejo Judicial de Managua y amenazó con capturarla si no acudía a la cita.
María Oviedo, expresa política y desterrada
La defensa que desempeño María del Socorro Oviedo como abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la convirtió en una presa política y desterrada en Estados Unidos. Actualmente tiene 40 años y cumplirá este próximo 9 de mayo, tres meses de haber sido liberada por el régimen.
Antes que formar parte del equipo legal de la CPDH, Oviedo ejerció el cargo de fiscal del Ministerio Público.
En el año 2019, la abogada Oviedo, fue detenida y procesada por haber cacheteado a un policía de la Estación Policial en Masaya por haberla agredido física y verbalmente, cuando acompañaba a un excarcelado político Cristhian Fajardo a una cita en la delegación policial de este departamento. Por haberse defendido, la defensora fue procesada y le suspendieron por seis meses de la Corte Suprema de Justicia como abogada, acusándole en aquel momento por obstrucción a la justicia y falta contra la autoridad.
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El 29 de julio de 202, la CPDH denunció que la policía en el departamento de León detuvo a la defensora cuando se encontraba en casa de su mamá. Y posterior fue trasladada a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial mejor conocido como el nuevo Chipote.
La abogada fungía como coordinadora del equipo especial jurídico de CPDH. Y según los relatos de testigos, el jefe de la policía de este departamento, Fidel Domínguez lideró el operativo de su arresto. Cuando fue detenida el equipo iban a ocuparse del caso del politólogo José Antonio Peraza, que había sido detenido.
El 8 de septiembre de 2021, el Ministerio Público acusó a la defensora de derechos humanos y de presos políticos por el delito de Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Oviedo sufrió al igual que los más de 40 opositores en las celdas del nuevo Chipote, innumerables interrogatorios, la tortura blanca, el aislamiento y la falta de comunicación con sus familiares. Su salud se deterioró y llegó a perder peso.
El 14 de febrero de 2022, Ulisa Yohosca Tapia Silva, Juez Decimotercera de Distrito Penal de Juicios, la declaró culpable de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. La Fiscalía pidió 8 años de cárcel, 5 años por conspiración y 3 años por propagación de noticias falsas.
Oviedo fue desterrada a EE.UU. el pasado 9 de febrero.
Vilma Núñez, la férrea defensora de derechos humanos
Vilma Núñez de Escorcia es una abogada nicaragüense y activista de derechos humanos. Es fundadora y actual presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ( Cenidh ), organización a la que el régimen arrebató su personería jurídica en diciembre de 2018.
El nombre de la férrea defensora de derechos humanos figuró en la lista de los 94 nicaragüenses a los que el pasado 15 de febrero despojó de su nacionalidad, ordenó la confiscación de sus bienes inmuebles y sociedades y los declaró “prófugos de la justicia”.
Un perfil publicado en Mujeres al Frente destaca que Núñez, cuando era estudiante universitaria participó en las luchas estudiantiles contra la dictadura de Anastasio Somoza y formó parte de la “Generación del 23 de julio”, un grupo de estudiantes que presenció el asesinato de cuatro estudiantes por parte de la Guardia Nacional en la Nicaragüense en una protesta en la ciudad de León en 1959.
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Es licenciada en Derecho Penal y fue abogada por un gran número de opositores al régimen de Somoza que, al igual que su padre, Humberto Núñez, líder del Partido Conservador, fueron encarcelados. “Su liderazgo en la defensa de las víctimas de la dictadura y su vinculación con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) la llevarían a prisión en 1979 donde fue torturada durante cinco meses. Fue procesada por un tribunal militar por un presunto delito de tráfico de armas que nunca cometió, mientras que el régimen negó su detención”, destaca el perfil.
Tras su liberación y el triunfo de la Revolución del 79, Núñez fue la primera mujer vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Posterior, también presidió la Comisión Centroamericana de Derechos Humanos entre 1990 y 1994, y fue miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial contra la Tortura de 1992 a 2000. Asimismo, coordinó el Grupo Latinoamericano de Criminología y se convirtió en miembro de la Junta Directiva de la Organización Mundial contra la Tortura y Vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Tras las protestas de abril de 2018 contra el régimen su organización fue clausurada y sus oficinas confiscadas. Más de 70 policías armados ingresaron y, como resultado, algunas personas del equipo tuvieron que exiliarse. En 2019, Núñez fue galardonada por el del Premio de la Paz 2019: Embajador de la Paz en la Vida Pública
A sus 84 años, “Doña Vilma, como la conocen en Nicaragua, se ha convertido en inspiración para muchos en la defensa de los derechos humanos y las libertades, por su experiencia, reputación y trayectoria”, resalta el perfil.
Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de DD.HH en Costa Rica
Wendy Valeska Flores Acevedo inició su labor como defensora de derechos humanos en 2002, a la edad de 20 años, cuando inició como pasante en el Cenidh donde laboró hasta diciembre de 2018. En diciembre de 2018, la El centro fue cerrado ilegalmente y las instalaciones fueron tomadas por el régimen de Ortega y Flores se vio obligada a exiliarse en Costa Rica.
En mayo de 2019, junto con otras defensoras, fundó el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en Costa Rica, en el que se desempeña como Coordinadora de la fundación y brinda apoyo legal, entre otras funciones.
Flores se graduó como abogada en la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA), donde realizó un posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos del Instituto de Estudios e Investigaciones Jurídicas (INEJ).
Desde el exilio, ha continuado en su labor de defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses y las comunidades indígenas. A su vez, ha participado en representación del Colectivo en diferentes foros internacionales entre ellos el de la ONU.
Carla Sequeira, de la CPDH
Carla Virginia Sequeira Fernández ha figurado entre los abogados defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), organización que el régimen despojó de su personería jurídica y confiscó como el Cenidh .
Sequeira tiene cerca de 20 años de ejercer la profesión de abogada. Actualmente, forma parte de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos en Miami, Estados Unidos, fundando en noviembre de 2022.
La persecución a los abogados defensores de la CPDH obligó a Sequeira a huir de Nicaragua.
El 27 de mayo de 2022, se entregó en horas de la mañana a las autoridades de migración de Estados Unidos para solicitar asilo político.
Sequeira cruzó el río Bravo junto a su hijo, un menor de 11 años. La defensora fue la cuarta integrante de la CPDH que se vio obligada a huir para preservar su vida y libertad.
