El alto costo de la energía eléctrica asfixia a los nicaragüenses
Ninguna instancia oficial ha proporcionado información sobre los actuales propietarios de la mayor empresa de distribución eléctrica. El servicio en Nicaragua no posee transparencia y eso lo pagan los consumidores.

Un día, en febrero de 2023, doña Irene recibió una factura de luz de más de 1200 córdobas. Fue algo que, en retrospectiva, “debí haberme imaginado” confesó a República 18 tras pedir que mantuviéramos su declaración anónima por seguridad. Ella vive con su hija en León y trabaja como comerciante.
“Los últimos meses de 2022 me llegaron recibos irregulares que no tenían sentido, no correspondían a mi consumo” explicó. Hubo meses en los que pagó más de 700 córdobas, cerca de su consumo habitual, pero también en otros meses le cobraron menos de 100 córdobas a pesar de que no hizo ningún cambio en su estilo de vida. Aquella fue la primera señal de que las facturas no estaban respondiendo a su consumo.
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El mes más anómalo fue diciembre de 2023 puesto que el cobro de la energía eléctrico fue mínimo, sospechosamente mínimo considerando que diciembre suele ser un mes de gasto eléctrico por las decoraciones navideñas. Doña Irene jamás pensó “que de golpe aumentaría tanto y que me vería enredada en este agobio”.
Cuando llegó el primer recibo de alto precio anómalo, en enero, fue a las instalaciones para tratar de dialogar con alguien que pudiera atender su problema. Ya en octubre de 2022 le habían instruido que, al encontrar recibos elevados, enviase una carta formal con la cual lograr un arreglo de pago mientras la empresa proveía nuevos medidores.
En febrero, al llegar enviar la carta habitual, negaron haber acordado con ella los arreglos y argumentaron que el medidor nunca presentó fallas. Los medidores de su barrio están todos apiñados en un poste que, hasta no hace mucho, permanecía cubierto por las ramas de un árbol. Están así dispuestos para evitar conexiones ilegales, pero también en esa posición dificulta la lectura de las mediciones.
“No es para que esté saliendo esta cantidad”
Pronto un inspector de la empresa se presentó a su hogar para evaluar la situación y descartar que se tratase de una fuga eléctrica interna. Doña Irene se encontraba trabajando, pero su hija grabó en audio las declaraciones del trabajador.
“Es de 0.86 amperios” la medida, puede oírse al inspector decir en la grabación, “prácticamente nada”. Aclaró además que “puede ser el medidor; no hay fuga de energía y no es para que esté saliendo esta cantidad”. Calculó que la factura debía estar más cercana a los 300 ó 400 córdobas, la cantidad que pagaba antes de presentarse las anomalías.
Más tarde ese mes, una cuadrilla del Instituto Nacional de Electricidad (INE) revisó el medidor y los artefactos del hogar, corroborando que tampoco había fuga exterior y que en la casa no se encontraban aparatos de alto consumo.
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Pero desde aquella visita, en febrero, ninguno de los reclamos ha procedido. Las ramas del árbol que obstruían la visión del medidor fueron cortadas, pero las mediciones siguen siendo exageradas y contradicen las observaciones tanto de INE como del inspector de Disnorte.
Es la fecha y ahora, con el recibo de abril que le cobra más de 1400 córdobas, se dispone a continuar reclamando. Su caso no es el único y es que, en Nicaragua, la gestión de la energía eléctrica acarrea problemas estructurales.
Problemas estructurales
Cerca del 75% de la electricidad en Nicaragua se produce de fuentes renovables, según han admitido las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de la Empresa Nicaragüense de Transmisión de Electricidad (ENATREL), pero esto no se traduce a menores precios.
Según los datos de la canasta básica calculada por el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INIDE), el kilovatio se posicionó en 3.22 córdobas en marzo de 2023, lo que equivaldría a un total mensual de 322 córdobas para una familia de cinco personas y sus electrodomésticos.
Pero historias como las de doña Irene, donde la infraestructura falla y la empresa no ofrece respuestas, revelan una realidad distinta a la que reportan las instancias oficiales. El gobierno de Daniel Ortega mantiene amplio control sobre el negocio de la energía eléctrica en el país.
La empresa Disnorte-Dissur, que controla más del 90% de la distribución eléctrica nacional, se conformó como un consorcio entre el Estado y el conglomerado español TSK Melfosur. El Estado poseía 16% de la empresa y tenía una silla en la junta, pero luego de que el gobierno fuese objeto de sanciones de parte de Estados Unidos, TSK Melfosur se retiró en 2020.
Alba de Nicaragua SA (Albanisa), empresa asociada a la familia Ortega-Murillo, tomó el “control financiero” de Disnorte-Dissur, según informó en su momento Confidencial.
El gobierno supuestamente nacionalizó la distribución de energía en diciembre de 2020 a través de la Ley 1056, pero la misma ley, en su segundo artículo, estipulaba que “en un plazo no menor de un año… el MEM deberá garantizar la participación de otros operadores idóneos nacionales y/o internacionales, priorizando la incorporación de sujetos privados o mixtos de conformidad a las leyes de la Industria Eléctrica”.
Ninguna instancia oficial ha proporcionado información sobre los actuales propietarios de la mayor empresa de distribución eléctrica. El servicio en Nicaragua no posee transparencia y eso lo pagan los consumidores.
No dan respuesta
Ana Talavera, también comerciante, pero del poblado de Nandaime, al sur de Granada, lleva seis meses con el mismo problema. En su hogar ella asegura que casi no se mantiene a lo largo del día, pues debe ayudar a su padre, un anciano con problemas de movilidad.
Su hijo, un estudiante que viaja a la ciudad de Rivas, sólo llega los fines de semana. 1400 córdobas ha sido el promedio casi todos los meses y siempre que ha ido a reclamar, los arreglos de pago siguen siendo elevados. Incluso cuando hubo recibos bajos, eso no ha sido alivio. “Ponele que me pongan cien, doscientos un mes. Al mes siguiente me remangan” denunció.
“¡¿En qué creés vos que yo puedo gastar mil cuatrocientos córdobas de luz?!” exclamó Talavera. “La verdad es que es un problema muy serio porque no tenemos con qué pagar”. Comenta que, una vez cambiaron el medidor para supuestamente “repararlo”, empezó a ver las anomalías. “Ellos mandan a verificar, según ellos, y dicen que eso marca” sin brindar mayor respuesta, “eso le dicen a todo mundo”.
Talavera comenta, además, que su caso no es el único en el poblado, “yo sé de mucha gente”. Igualmente, doña Irene conoce vecinos que experimentan extrañas variaciones sin que la empresa de distribución Disnorte admita responsabilidad. Ambas acudieron a República 18 en un intento de dar conocer esta problemática, sintiéndose vulnerables.