Consejo de Ancianos de La Muskitia denuncia el “avance sin consenso” del proyecto BioClima en Nicaragua

Daniel Ortega no ha tenido una buena relación con los pueblos indígenas y afrodescendientes. Recientemente representantes de estos pueblos demandaron al Estado de Nicaragua ante la Corte IDH por el usurpamiento del 93% de sus tierras

  • 12:01 am
  • Feb 28, 2023
Bio-Clima Nicaragua
República 18

El Consejo de Ancianos de La Muskitia informó este domingo su descontento sobre “los avances sin consenso y contrario a los intereses de las comunidades caribeñas e indígenas”, del proyecto BioClima en Nicaragua.

El proyecto BioClima es una iniciativa financiada por el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que pretende implementar acciones para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la Reserva de Biósfera de Bosawás e Indio Maíz, que asciende a los 115 millones de dólares.

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Representantes indígenas y afrodescendientes denunciaron que el régimen de Daniel Ortega “no ha considerado el planteamiento de las comunidades (indígenas)”, ni se ha reunido con los liderazgos de las comunidades. En cambio, dicen, solo mantiene comunicación con sus secretarios políticos sobre la supuesta gestión del proyecto.

Régimen busca “cohabitación” entre indígenas y colonos

Para el ambientalista Amaru Ruíz, presidente de la organización Fundación del Río, desde la aprobación del proyecto a finales del 2020, el proceder de las autoridades nicaragüenses ha sido cuestionado por las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe, ya que el régimen “promueve la cohabitación” entre pobladores originarios y colonos. Esto, supuestamente, sería una estrategia para “disminuir la conflictividad”.

Sin embargo, según Ruíz, esta medida avala los procesos de invasión porque el régimen les pide a los indígenas que se pongan de acuerdo con los invasores de sus tierras. Esto vendría “a transformar la gobernanza, la forma en la que viven, las tomas de decisiones y el territorio” de estos pueblos ancestrales.

Otro aspecto señalado por el ambientalista es que el proyecto no fue consultado por las autoridades con los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes del Caribe de Nicaragua, un aspecto que podría ir en contra de la dictadura en la próxima consulta que el Fondo Verde realice en la primera semana de marzo.

Colonos armados
El ambientalista Amaru Ruíz señala que el régimen busca la cohabitación entre colonos e indígenas para implementar el proyecto BioClima en Nicaragua

Para el ambientalista, durante esta reunión puede decidirse cuál sería el futuro del proyecto BioClima en Nicaragua.

“El IRM (Mecanismo Independiente de Reparación) que es independiente al Fondo Verde, elaboró un informe donde parte de sus hallazgos determinan que hubo falta de consulta libre, previa e informada. No se tomó cuenta un análisis de conflictividad y análisis de riesgos antes de la aprobación de este proyecto. Pero pese a eso se aprobó en el BCIE”, puntualizó el defensor.

Régimen busca sacar provecho

A criterio de Ruíz, no existe certeza si el Fondo Verde pueda “retroceder” o no en el envío de dinero que fue aprobado desde el año 2020 en conjunto con el BCIE. Pero está claro que lo que busca la dictadura es “beneficiarse” de alguna manera del desembolso millonario que han realizado organismos internacionales para la protección de la biodiversidad.

Ruíz señaló que el Fondo Verde para el Clima lo que podría hacer es aplicar un nivel de seguimiento del proceso o asegurarse de que las recomendaciones del IRM, que no han sido públicas, puedan llevarse a un nivel de cumplimiento óptimo para de esta manera ejecutar el proyecto.

“Realmente el Fondo está en una disyuntiva, si continuar con un proceso sabiendo los riesgos que puedan haber o aplicar las recomendaciones que brinda el IRM para tratar de solventar el déficit que ya tiene el proyecto”.

El régimen de Ortega en Nicaragua no ha tenido una buena relación con los pueblos indígenas y afrodescendientes desde el inicio de su administración. Recientemente representantes de estos pueblos demandaron al Estado de Nicaragua ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el usurpamiento del 93% de sus tierras.

También le ha negado el ingreso al país a una defensora de los pueblos indígenas nicaragüenses y ha sido señalado como uno de los principales promotores de las invasiones de colonos armados a territorios indígenas y reservas naturales.