¿Quiénes son los cinco exfuncionarios y colaboradores desterrados por Daniel Ortega?
La dictadura mantiene a otros 35 disidentes y opositores bajo las rejas, incluyendo al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien ya fue sentenciado a 26 años de cárcel
Cinco exfuncionarios y colaboradores del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua forman parte del grupo de 222 excarcelados políticos que fueron desterrados el pasado 9 de febrero hacia Estados Unidos.
Marlon Sáenz Cruz, mejor conocido como el “Chino Enoc”, un férreo defensor del Frente Sandinista caído en desgracia. Hans Camacho Chévez, funcionario judicial, Roberto Larios Meléndez, el eterno vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Moisés Abraham Astorga y María José Camacho, asesores de la sancionada presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos.
El colectivo de exfuncionarios y exfiscales de Nicaragua recomendó recientemente un proceso de rendición de cuentas por parte de estas personas que “participaron de forma directa e indirecta como perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses”.
Noticias relacionadas: 222 personas excarceladas políticas nicaragüenses contarán con parole humanitario por dos años en Estados Unidos
Para dicho Colectivo, no se le debe de dar el mismo trato a las personas que hayan colaborado con el régimen en la instauración de su política represiva en el país, por encima de personas que estuvieron presas desde hace años, pero que además sufrieron toda clase de abusos y torturas.
“Instamos al gobierno de los Estados Unidos de América y a los ciudadanos nicaragüenses a impulsar procesos de rendición de cuentas, puesto que no hacerlo, envía un mensaje equívoco de que estos ciudadanos tienen la misma condición de víctima y de presos políticos que los excarcelados”, señalaron.
Excolaboradores también cuentan con parole humanitario
Uno de los colaboradores sandinistas excarcelados y que dio entrevista a medios de comunicación en Estados Unidos fue Marlon Sáenz Cruz. El paramilitar dijo a periodistas que en Nicaragua hay una “dictadura” y que “no” colaboró con el régimen de Ortega a la hora de reprimir a opositores. Aunque hay quienes aseguran lo contrario.
Otro de los expulsados es Roberto Larios Meléndez quien fue por más de una década el vocero de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), institución a cargo de la funcionaria orteguista Alba Luz Ramos.
Larios Meléndez se ganó una reputación como acérrimo crítico de la prensa independiente. Fue capturado el 14 de octubre de 2022 y acusado de cometer “traición a la patria”. Ahora se encuentra en la capital del “imperio” que siempre criticó.
Colaboradores cercanos a Alba Luz Ramos entre expulsados
De igual manera, entre el 12 y el 13 de noviembre de 2022, otros tres trabajadores de la CSJ, y cercanos a Ramos, fueron detenidos y enviados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como “El Chipote”.
Uno de ellos fue Moisés Abraham Astorga, asesor personal de la magistrada Ramos. Astorga se graduó de la carrera de derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) en 2011, en 2012 finalizó el VIII Curso de Seguridad y Defensa Nacional, donde recibió su diploma de las manos de Ortega y otros altos cargos del Ejército de Nicaragua.
Otros funcionarios expulsados fueron Hans Camacho, quien era el delegado de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en la Corte Suprema de Justicia y su hermana, María José Camacho, que fungía como asesora de la magistrada Ramos.
Los excolaboradores sandinistas fueron despojados de su nacionalidad al igual que los opositores. También contarán con el beneficio del parole humanitario que el gobierno estadounidense otorgó a los 222 expulsados de Nicaragua.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló la madrugada del jueves 9 de febrero a 222 personas presas políticas que se mantenían en las cárceles de Nicaragua.
Actualmente, mantiene a otros 35 disidentes y opositores bajo las rejas, incluyendo al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien ya fue sentenciado a 26 años de cárcel por supuesta “conspiración y ciberdelito”.