2022 es el año en que más se aceleró la restricción de derechos humanos en Nicaragua, denuncia Calidh
Existe un “desinterés estatal” en el cumplimiento de sus obligaciones generales y, específicamente, con tratados internacionales que hablan sobre la protección de las poblaciones más vulnerables
El año 2022 fue el año en que más se aceleró la restricción de los derechos humanos en Nicaragua, según el informe del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
Nicaragua sufre un proceso donde hay una severa “des democratización”, que afecta a la población que se encuentra dentro y fuera del país, de acuerdo con Calidh. Esta situación alcanza incluso a grupos que históricamente se han encontrado vulnerables.
Control del poder judicial, ataques a la Iglesia y desprotección de pueblos originarios
Entre los principales señalamientos destaca la persistencia de las violaciones de derechos humanos a grupos de la sociedad nicaragüense, como los miembros de la Iglesia Católica que hasta el momento se cifra en 11 religiosos encarcelados y más de 12 en el exilio.
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En su informe de 2022, Calidh sostiene que existe un “desinterés estatal” en el cumplimiento de sus obligaciones generales y, específicamente, con tratados internacionales que hablan sobre la protección de las poblaciones indígenas y sus territorios, la defensa y promoción de los derechos de la mujer, así la protección de poblaciones vulnerables como la diversidad sexual.
El organismo indica que en el país impera un modelo de “familiarismo forzado” y la concentración total del sistema penal nicaragüense, dirigido por operadores políticos sandinistas, que ha facilitado la persecución y judicialización de disidentes políticos: situación que ha elevado el número de personas presas políticas a más de 240.
“El sistema penal nicaragüense está totalmente concentrado en detener, procesar y condenar a opositores y disidentes del partido de gobierno, en juicios desprovistos de cualquier garantía del debido proceso en arreglo con los compromisos internacionales del Estado de Nicaragua, la Constitución y la ley procesal penal del país”.
El Centro de Asistencia Legal también argumentó su extrema preocupación sobre cuánto daño provocará en las futuras generaciones el actual retroceso de derechos en un país con un inmenso legado de violencia, tomando en cuenta las grandes oleadas migratorias hacia Estados Unidos y Costa Rica.
Calidh quiere dar voz a los que no tienen voz
Uno de los objetivos del informe de Calidh, aseguran, es llevar la voz de las personas que se encuentran dentro de Nicaragua, para que sus demandas puedan acceder al sistema interamericano de derechos humanos, lo que se dificulta debido al control absoluto del régimen en el país.
“Quizás las personas quieran ver acciones más contundentes, pero es lo que debemos hacer, ir agotando todas las instancias del debido proceso para asegurarnos de que la lucha de Nicaragua llegue hasta donde tenga que llegar”, señaló la abogada Jazmín Sánchez Granera.
De igual manera, el Centro de Asistencia Legal pretende llevar este informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para su revisión sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua.
