Organización juvenil opositora presenta ante 16 delegaciones diplomáticas de Europa un informe de violaciones a derechos humanos en Nicaragua

En una gira por Ginebra, Suiza, y otros países de Europa, una representación de la Unidad Juvenil y Estudiantil mostró a los diplomáticos las serias violaciones de derechos que han sufrido, entre ellas la expulsión de universidades públicas.

  • 3:32 pm
  • Nov 13, 2022
Jóvenes de Nicaragua
República 18

La Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE) presentó este sábado un informe sobre el estado del cumplimiento de derechos civiles y políticos de jóvenes y estudiantes nicaragüenses, quienes se han visto perseguidos por el régimen de Daniel Ortega. Dicho informe fue presentado también ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El politólogo Alex Aguirre, vocero de la UJE, indicó que el informe también fue compartido con 16 delegaciones y misiones de países miembros de la ONU, en Ginebra, Suiza, y otros países de Europa.

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Aguirre señaló que la mayoría de países interesados en el tema de derechos humanos vinculados a Nicaragua están al tanto de lo que sucede en el país, pero consultaron a los jóvenes sobre ¿cómo podrían actuar para contribuir con el restablecimiento del Estado de derecho y la democracia?.

“Nosotros dimos algunas pistas sobre cuáles son las estrategias de financiamiento de la dictadura. Por ejemplo, hacia la represión: ‘¿Cómo se pueden cortar esas líneas financieras para que el Estado se vea obligado a volver a los mecanismos de derechos humanos?'”, puntualizó el politólogo.

Cierre de universidades

El informe, presentado en conferencia de prensa, busca contribuir a la próxima revisión del estado de cumplimiento de las obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR).

El documento se basó en la recopilación de violaciones de derechos humanos perpetrados contra jóvenes universitarios o estudiantes por parte del Estado de Nicaragua. Detalla los hechos emprendidos por el régimen, como la expulsión de más de 200 jóvenes que participaron en las protestas.

De igual manera, explica que entre el 2 y 3 de febrero de 2022, la Asamblea Nacional controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ordenó el cierre de, al menos, seis universidades estatales y no estatales.

Panel de jóvenes que presentó su informe ante medios de comunicación de Nicaragua

Además de las represalias y la asfixia presupuestaria contra las universidades por motivos políticos, tales como la Universidad Centroamericana (UCA), que recibía un 6% del presupuesto nacional.

El documento detalla también el control y vigilancia que ejerce el FSLN dentro de las universidades a través de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), brazo represivo del régimen de Daniel Ortega conformado por jóvenes mayoritariamente provenientes de la Juventud Sandinista.

Jóvenes perseguidos

Desde el año 2018, el régimen de Daniel Ortega emprendió una persecución contra las personas manifestantes que protestaban en su contra, principalmente estudiantes universitarios.

Luego del asesinato de unas 355 personas y la implementación de una “operación limpieza”, el régimen pasó a las siguientes etapas represivas, las cuales han provocado la salida del país de más de 180 mil nicaragüenses hacia Costa Rica, en su mayoría jóvenes universitarios o que participaron en los llamados tranques.

Algunos de estos jóvenes se han logrado adaptar a la vida en el extranjero y continuar con sus estudios, pero una gran mayoría ha tenido que dedicarse a trabajos pesados como la construcción, agricultura o servicios.

Emplazan al Estado nicaragüense

La Unidad Juvenil y Estudiantil exhortó al Comité de Derechos Humanos de la ONU para que recomiende al Estado de Nicaragua una invitación formal a organismos y mecanismos internacionales a entrar al país para verificar y monitorear la crisis de violación a los derechos humanos.

Los jóvenes demandan que se garantice que en las universidades públicas se reincorporen los estudiantes que fueron expulsados como represalia por su participación en las protestas.

Asimismo, que se derogue la Ley de Amnistía, por la mala aplicación que tiene, y se proceda a investigar los casos de estudiantes que resultaron víctimas letales de la represión, así como aquellos que resultaron heridos durante los hechos de abril y meses siguientes.