Defensoras de derechos humanos en Nicaragua han sufrido desde 2018 más de 2,400 agresiones por parte del Estado

Entre los mecanismos utilizados por el régimen de Daniel Ortega destacan la criminalización de la disidencia y de la defensa de derechos humanos, todo esto a través de la aplicación de leyes con fines represivos.

  • 6:48 pm
  • Nov 3, 2022
Nicaragua defensoras
República 18

Las mujeres defensoras de derechos humanos se encuentran en el ojo de la violencia estatal en Nicaragua. Entre 2018 y 2021 sufrieron unas 2,474 agresiones por parte de actores estatales y gubernamentales, según un estudio realizado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con IM-Defensoras.

El estudio revela que las principales formas de agresión son las detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales de domicilios, campañas de difamación, estigmatización y violencia sexual. Así como la vigilancia y el hostigamiento por parte de agentes estatales y paraestatales.

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Defensoras Nicaragua
Panel de defensoras de derechos humanos de Nicaragua durante un conversatorio en San José, Costa Rica

De esa gran cantidad de agresiones, el informe “Perseguidas por defender y resistir, capítulo Nicaragua”, revela que 205 están vinculados a procesos de criminalización de las defensoras, que incluye detenciones ilegales, arrestos arbitrarios, procesos de judicialización o inicios de causas penales.

De esos 205, entre 2018 y 2019, ocurrieron 107 agresiones. En 2020 se registraron 39 y en 2021 aumentó un 42%, con un total de 59 casos, según datos del Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos.

Entre los mecanismos utilizados por el régimen de Daniel Ortega destacan la criminalización de la disidencia y de la defensa de derechos humanos, todo esto a través del uso arbitrario de normas penales o la aplicación de las leyes aprobadas desde 2020 con fines represivos.

En la mira del régimen

Para Alexandra Salazar, abogada y miembro de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el trabajo de las personas abogadas ha sido obstaculizado desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018, puesto que el régimen se ha encargado en limitar su ejercicio profesional.

“Cada vez es más difícil acompañar y defender a una persona presa política, principalmente por los obstáculos del sistema de justicia penal. Desde la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial, así como el Sistema Penitenciario, hacen difícil la defensa de los derechos humanos y del debido proceso”, sostiene Salazar.

Ella es parte del grupo de mujeres defensoras de derechos humanos nicaragüenses entrevistadas para la realización del estudio de CEJIL y, asegura, que hay un trato diferenciado hacia las abogadas por el hecho de ser mujer.

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“Lo pudimos ver en audiencias que se celebraron en la Dirección de Auxilio Judicial. Fueron requisadas de manera abusiva y muchas han venido enfrentando amenazas, incluso, en contra de su familia”, detalla.

“Mi mamá fue detenida arbitrariamente”

Otra de las defensoras de derechos humanos entrevistadas para el estudio fue Silvia Nadine, activista y feminista perseguida por la dictadura. En su lugar, la Policía Nacional encarceló a su mamá de 69 años, Eveling Pinto, quien se encuentra grave de salud.

“Mi mamá fue detenida arbitrariamente el 6 de noviembre del año pasado. Nosotros no lo esperábamos, ella es totalmente inocente y su juicio fue totalmente amañado”, denuncia Nadine.

Su mamá, Eveling, cumplirá ya un año de estar encarcelada en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza. También es feminista y activista de derechos humanos.

Padece de insuficiencia renal crónica y es sobreviviente de cáncer. No recibe la atención adecuada en la cárcel donde se encuentra, más que la visita de un médico general.

Pinto, al igual que Tamara Dávila y la abogada María Oviedo, forman parte del grupo de 21 mujeres presas políticas que el régimen de Daniel Ortega mantiene encarceladas.

Nicaragua es un “escenario trágico”

Para la directora de CEJIL, Claudia Paz y Paz, Nicaragua “tiene un escenario trágico en materia de derechos humanos” puesto que “existe una violación masiva y sistemática” de esos derechos.

En este proceso, señala, el Sistema Judicial “es un engranaje fundamental” para la criminalización, debido a que “fiscales y jueces son los autores de estas violaciones, llevando a cabo procesos penales espurios”.

Claudia Paz y Paz sobre defensoras de Nicaragua
La directora de CEJIL, Claudia Paz y Paz, habla sobre las vicisitudes que sufren las defensoras de derechos humanos en Nicaragua

Dichos procesos se llevan a cabo con la intención de “evitar, frenar y castigar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos” en Nicaragua, señala Paz y Paz.

“En Mesoamérica, en los últimos años, una forma de ataque directo a las personas, a las mujeres defensoras es la criminalización. Es decir, la mala utilización del derecho penal para frenar y disuadir a las personas defensoras”, agregó.

El estudio, además, muestra que desde el inicio de la crisis sociopolítica hasta octubre de 2022 han sido cerradas y confiscadas al menos 176 entidades feministas o que trabajan por los derechos de las mujeres.