Persecución y tortura, la respuesta de Daniel Ortega contra voces críticas en Nicaragua

En Nicaragua persiste la violación sistemática a los derechos humanos y el régimen implementa una “nueva modalidad” represiva que consiste en “el apoderamiento de bienes inmuebles, detención y judicialización de líderes opositores, así como tratos crueles y secuestro hacia sus familiares”, según el VII Informe contra la Tortura, presentado este martes por el Colectivo de Derecho Humanos Nicaragua Nunca Más.

A lo largo de tres años el Colectivo, a través de su Observatorio Contra la Tortura, tiene un acumulado de al menos 150 testimonios.

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“Cuando comenzamos no teníamos idea de que íbamos a seguir sistematizando y ahora la cantidad de víctimas es tan grande, que ya son 150”, comentó el abogado Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo.

Carrión asegura que el daño que el régimen de Daniel Ortega le ha hecho a la ciudadanía nicaragüense es “múltiple”, es decir que las afectaciones no se resumen al plano físico, sino también al emocional y se amplía al núcleo familiar.

Nicaragua es “un Estado de excepción de facto”

El abogado Yader Valdivia, también integrante del Colectivo, explicó que a diferencia de otros períodos ahora “los tratos crueles se han extendido a los familiares de las personas que están presas”.

Los familiares de los reos de conciencia han sufrido interrogatorios extenuantes durante las visitas, han tenido que desnudarse previo a la visita con las personas presas y en algunos casos hay agentes del Sistema Penitenciario que han cometido abusos sexuales.

Familiares de opositores presos

El pasado 3 de octubre, representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunciaron la detención de 12 familiares de personas integrantes de esa organización.

Algunas de estas personas fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote, y relataron a sus familiares que los guardas del Sistema Penitenciario les dicen que están presos por culpa de ellos.

Tortura persiste en cárceles de Nicaragua, dice el informe

Uno de los principales temas que toca el informe es “la situación de tortura en el país”, especialmente en las cárceles donde se mantienen al menos 215 presos políticos.

El Colectivo de Derechos Humanos asegura que al menos 34 de estas personas se encuentran en las celdas de El Chipote.

“Se ha conocido que las condiciones en las que se encuentran las personas recluidas en el nuevo Chipote son muy semejantes a las que sufren las personas presas políticas recluidas en celdas de máxima seguridad o de castigo, en el SPN “La Modelo”, señala el Colectivo.

Esto refleja un trato semejante para quienes se encuentran en los diferentes centros penitenciarios, pero que son considerados opositores al régimen de Daniel Ortega.

El Informe también denuncia “la falta de atención médica oportuna y especializada” para presos políticos que sufren enfermedades crónicas o que son de la tercera edad.

Y es que al menos 27 presos políticos son personas mayores de 60 años, de los cuales 11 cumplen casa por cárcel.

Iglesia Católica en la mira del régimen

De igual manera, otro de los temas es la persecución de sacerdotes de la Iglesia Católica en Nicaragua, que se refleja en el encarcelamiento de 8 religiosos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, de quien se sabe está en “casa por cárcel de facto”.

Hasta el momento no se sabe nada sobre la condición de salud del también miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, quien fue detenido el pasado 19 de agosto.

Según el Informe “la violencia y brutal persecución del Estado contra la Iglesia Católica ha provocado el exilio de al menos 55 sacerdotes y el destierro de dos”.

El trato del Estado hacia los sacerdotes y laicos “constituye un tipo de tortura” y ha impactado en su salud emocional y física, puesto que, además de ser aislados, son sometidos a condiciones de detención no compatibles con su dignidad.

También detalla que los sacerdotes son sometidos a interrogatorios, los cuales, es posible se desarrollen como los de todas las personas presas políticas, bajo intimidación y amenazas.

“La concentración del poder y la absoluta demolición de la institucionalidad por el Ejecutivo ha facilitado que Nicaragua se transforme en un Estado de excepción de facto y un Estado de terror”, detalla.

Este séptimo informe es una continuidad de otros informes presentados por la organización de derechos humanos, y comprende el período del mes de abril hasta agosto de 2022.