Nicaragua aplazada en eliminación de trata de personas
Estados Unidos destaca que el régimen carece de políticas para prevenir la complicidad oficial en el tráfico, contribuyendo a un ambiente de impunidad y disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien los delitos de trata.
Nicaragua permanece en el nivel más bajo (Nivel 3) de la eliminación de la Trata de Personas, según un informe presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en el que destaca que el régimen nicaragüense no cumple con los estándares mínimos.
El Departamento de Estado señala que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluido el enjuiciamiento de ocho presuntos traficantes y condenó a cuatro traficantes sexuales.
“Sin embargo, el gobierno continuó restando importancia a la gravedad del problema de la trata en Nicaragua. Informes contradictorios de la sociedad civil sobre el aumento de casos durante la pandemia señala que Nicaragua no contaba con albergues ni asignaba fondos para servicios especializados a las víctimas”, señala el informe.
Expone además que el gobierno hizo esfuerzos insignificantes para abordar el tráfico laboral, aunque seguía siendo una preocupación seria; y los esfuerzos de identificación de víctimas seguía siendo inadecuado.
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Régimen niega explotación de nicaragüenses en el exterior
El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que el régimen de Daniel Ortega negó que los traficantes explotan nicaragüenses en países extranjeros, a pesar de los informes de que las autoridades identificaron a varias víctimas nicaragüenses.
“El gobierno no informa cualquier investigación, enjuiciamiento o condena del gobierno empleados cómplices de delitos de trata, a pesar de la corrupción endémica y complicidad oficial generalizada. El gobierno no cooperó con ONG para brindar servicios de protección o incluir a la sociedad civil en la coalición nacional contra la trata”, añade.
Recomendaciones de Estados Unidos para eliminar la trata de personas en Nicaragua
El Departamento de Estado hizo una serie de recomendaciones a Nicaragua, entre las que incuye, tomar en cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, mismas que han sido ilegalizadas por la Asamblea Nacional.
Además, recomendó implementar con vigor la Estrategia Nacional de Atención Integral a las Víctimas de la Trata de Personas identificando a las víctimas, incluyendo entre las poblaciones vulnerables, y remitir efectivamente a las víctimas a servicios apropiados.
También sugirió aumentar la capacitación para funcionarios gubernamentales, incluidos los trabajadores sociales, los inspectores laborales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para facilitar una mayor identificación de víctimas y asistencia, incluido el aseguramiento de la restitución.
EE.UU señala “algunos logros”
Estados Unidos destacó que el gobierno procesó a ocho presuntos traficantes en 2021, en comparación con el enjuiciamiento de cuatro presuntos traficantes sexuales en 2020 y uno en 2019.
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“El gobierno detuvo a siete de los ocho acusados tratantes en prisión preventiva; impuso cargos contra el octavo en ausencia. El gobierno condenó a cuatro traficantes sexuales, en comparación con no condenar a ningún traficante en 2020, 2019 y 2018”, señala.
Destaca que el Poder Judicial condenó a uno de los traficantes condenados a ocho años y seis meses prisión; sentenció a los tres traficantes restantes, también condenados de blanqueo de capitales, a 20 años de prisión más multa.
Sin embargo, el gobierno no informó de ningún esfuerzo de aplicación de la ley para combatir tráfico laboral por segundo período de informe consecutivo, ni informó cualquier investigación, enjuiciamiento o condena.
Régimen no previene la complicidad estatal en la trata de personas
Estados Unidos alerta que no existen políticas del régimen nicaraguense para evitar la trata de personas y la corrupción de funcionarios del Estado.
“Aunque la corrupción era endémica, el gobierno no tenía políticas para prevenir la complicidad oficial en el tráfico, contribuyendo a un ambiente de impunidad y potencialmente disminuyendo la probabilidad de que las víctimas denuncien los delitos de trata”, alerta.
