Incluyen a tres presos políticos de Nicaragua en campaña “Sé mi testigo”

La campaña de la Alianza Global de sociedad civil CIVICUS busca la liberación de activistas y defensores de derechos humanos que son prisioneros políticos en diversas partes del mundo.

  • 11:22 pm
  • Jul 18, 2022
campaña presos políticos Nicaragua
República 18

La Alianza Global de sociedad civil CIVICUS, incluyó a los presos políticos de Nicaragua María Esperanza Sánchez, Medardo Mairena y Pedro Mena en la campaña “Sé mi testigo”, en honor al Día de Nelson Mandela, con la que buscan liberar a 21 defensores de derechos humanos.

“En total, han estado encarcelados durante medio siglo, y algunos enfrentan muchos más años tras las rejas. El activismo marca la diferencia: #Stand My Witness ya ha sido parte de llamados globales exitosos que llevaron a la liberación de 20 activistas en todo el mundo”, reza el comunicado.

Civicus explicó que la campaña insta a los gobiernos a liberar a los activistas en prisión o en prisión preventiva después de proteger y promover los derechos humanos. 

“Han pasado más de 30 años desde que Nelson Mandela fue liberado de prisión y todavía se encarcela injustamente a los defensores de los derechos humanos tanto en regímenes autoritarios como en estados democráticos. ¿Su crimen? Defender los derechos de las mujeres, los niños y los pueblos indígenas; luchando por la justicia climática; abogar por elecciones libres y justas; y la promoción de las libertades democráticas”, dijo David Kode, líder de defensa y campañas de CIVICUS.

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Nicaragua entre los países con más presos políticos

Civicus incluyó en la campaña a prisioneros políticos en África, Hong Kong, India, Bielorrusia, Tayikistán, México, Nicaragua, Argelia, Bahréin, Egipto, Irán y Emiratos Árabes Unidos.

“Instamos a las personas de todo el mundo a exigir la liberación de los valientes activistas de la campaña #StandAsMyWitness: firme una petición, use nuestro hashtag en las redes sociales o presione a su gobierno. Es escandaloso que quienes luchan por la justicia y la igualdad hayan pasado incluso un día en la cárcel, no digamos muchos años”, dijo Kode. 

De acuerdo al comunicado, Civicus ha trabajado con organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil para garantizar la liberación de 20 defensores de derechos humanos. 

“Incluyen a la activista Teresita Naul de Filipinas, liberada en octubre después de muchos esfuerzos de sensibilización por parte de la sociedad civil; el defensor de los derechos humanos de Bahréin Nabeel Rajab, liberado en junio del año pasado después de casi cinco años de campaña de la sociedad civil y presión diplomática de los gobiernos democráticos; y la activista por los derechos de las mujeres Loujain al-Hathloul de Arabia Saudita, liberada después de 1000 días en 2021 luego de una destacada campaña mundial que exigía su liberación”, concluye el comunicado.

María Esperanza Sánchez con problemas de salud

En mayo de 2022, la presa política de Matagalpa, Esperanza Sánchez, se encontraba complicada de salud, al presentar cuadros de asma, presión alta y carecer de la adecuada atención médica, según confirmó su hija, Sherly Sánchez a República 18.

Sherly Sánchez confirmó a República 18 que su progenitora mantiene una crisis de asma, que se encuentra más cansada de lo normal y que el estrés avanza cada vez más.

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Por su parte, la organización IM-Defensoras señaló que las presas políticas, Evelyn Pinto y María Esperanza Sánchez, se enfrentan a situaciones de salud adversas debido a malos tratos.

En su informe de junio de 2022, el Mecanismo Para el Seguimiento de Personas Presas Políticas señaló que seis reas y 45 reos del contexto de 2018 permanecen en celdas de reclusión diferenciada de castigo, aislamiento o máxima seguridad. 

“Así como nueve de los diez presos políticos previos a 2018 que permanecen en máxima seguridad”, señala el informe de junio.

Del grupo de 180 personas presas políticas del contexto de 2018, 21% fueron condenadas por supuestos delitos asociados a terrorismo, 34% por delitos comunes infundados (la mayoría son personas excarceladas políticas) y 11% por supuestos delitos graves. Estos distintos tipos penales han sido usados para negar que en Nicaragua existen presos y presas políticas.