Actos de tortura como método de sometimiento de los presos políticos

El Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU), junto a Raza e Igualdad, en una segunda revisión periódica, actualizaron la crisis de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, destacando que esta se profundiza debido a los ataques sistemáticos a la libertad de expresión, libertad de asociación y otros derechos, por parte del régimen de Daniel Ortega.

En la sesión, la representación del régimen de Daniel Ortega se negó a participar, pero se conoció un informe enviado en mayo de 2019 en el que asegura no han cometido acto de tortura.

“En el período comprendido entre el año 2008 al año 2017, no registra ingreso de denuncia por tortura o tratos crueles vinculados a la actividad de agentes del orden. En el año 2018, se tramitaron cinco denuncias, siendo las presuntas víctimas, todos del sexo masculino, en ninguna de ellas existió medios de pruebas que comprobaran los hechos denunciados, en consecuencia, no se encontró mérito para el ejercicio de la acción penal”, indicó el régimen en su informe.  

Por su parte las organizaciones de la sociedad civil insisten en que las personas detenidas, que permanecen en en las cárceles del régimen, son víctimas de tortura y abuso policial, provocando deterioro en su salud producto de los golpes físicos y el maltrato psicológico al que son sometidos por el simple hecho de alzar su voz para denunciar la ausencia de democracia.  

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Denuncias de tortura en Nicaragua registradas como quejas

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos durante la sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU denunció que la tortura sí es usada como medio de persecución política, en el marco de detenciones arbitrarias, con el propósito de obtener una confesión o información, como método de sometimiento de las presas y presos políticos. 

Además el Cenidh señaló que la dictadura no ha investigado las denuncias, por el contrario las tiene como simple quejas, lo que explica que en su informe enviado a la ONU reportan cero casos de tortura y cero sentencias emitidas por este delito y malos tratos policiales.

“Las recomendaciones al Estado no se han cumplido, continúa sin investigar los casos de torturas denunciadas por familiares o víctimas dejándolas en impunidad, el Estado les alega a las víctimas que tomarán medidas administrativas contra los funcionarios y las denuncias las toman como quejas”, destacó el Cenidh.

El presidente del Comité Contra la Tortura, Claude Heller, afirmó que Nicaragua “ha violado sistemáticamente los derechos humanos” y la Convención de la ONU contra la Tortura.

Heller recordó que en las protestas de 2018 al menos 355 personas perdieron la vida debido al uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos parapoliciales, otras 1.600 resultaron heridas y 1.614 fueron privadas de la libertad, denunciando en algunos casos torturas en centros estatales y clandestinos.

Un 97 % de las torturas denunciadas se produjeron en centros de detención policiales, donde los arrestados fueron privados de libertad sin juicio previo, afirmó el presidente del comité.

Preocupación de la Comunidad Internacional

La profundización de la crisis sociopolítica y de derechos humanos, preocupa a las organizaciones internacionales, según el informe.

La ONU señala que la Relatora para Nicaragua, Esmeralda Arosemena, expresó su profunda angustia ante la negativa del régimen de Ortega y Murillo de dar respuesta a las solicitudes de información sobre la situación de las personas detenidas.

 “No hay respuestas del Sistema (de Justicia) en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de las personas (presas políticas)”, aseguró. 

Además, el pasado 17 de junio, en una actualización oral sobre la situación de derechos humanos en  Nicaragua, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al Estado nicaragüense asegurar la inmediata liberación de todas las personas presas políticas y llevar a cabo una “verificación independiente de las condiciones de detención”. 

En esta ocasión, Bachelet expresó su profunda preocupación por la elevada cifra de personas nicaragüenses exiliadas -que ha superado la registrada en la década de 1980- y la “dramática reducción del espacio cívico”. 

Al menos 190 presos políticos en Nicaragua

La ONU tomó como referencia los informes del Mecanismo para el Reconocimiento de las personas Presas Políticas, actualizado a junio de 2022, en el que se elevó a 190 la cantidad de reos de conciencia.

La información actualizada de junio de 2022 del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua registró que hay más de 190 personas presas por motivos políticos hasta junio de 2022,  de las cuales 18 son mujeres y 172 hombres. 

Destaca que en junio, luego de 43 días desde la última visita, las autoridades nicaragüenses autorizaron la octava visita a las personas prisioneras políticas detenidas en el contexto de las votaciones de noviembre de 2021. 

“Las personas familiares de presas y presos políticos fueron fotografiados y sometidos a requisas abusivas, los agentes les levantaron algunas prendas de vestir y palparon zonas genitales; y los encuentros fueron vigilados por oficiales de la Policía. Esta visita permitió constatar que los métodos de tortura y tratos crueles contra las personas prisioneras se han agudizado”, añade. 

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Incrementa persecución a periodistas independientes

La ONU y Raza e Igualdad destacan los informes de Voces del Sur, en que junio documentó 67 violaciones a la Libertad de prensa en Nicaragua.

En junio, agentes policiales allanaron las instalaciones del medio Trinchera de la Noticia, y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) expulsó de la frecuencia de televisión por cable a los medios católicos TV Merced y Canal Católico San José. 

“Cabe destacar que, en este año 3 medios católicos han sido expulsados de la parrilla de televisión por cable en el país, y que estos ataques no solo significan una violación a la libertad de prensa, sino también a la libertad de culto, que se contempla en la Constitución Política”, señala.

Además destaca que al menos 2 periodistas nicaragüenses fueron impedidos de salir del país por órdenes de la Dirección de Migración y Extranjería.