Ortega radicaliza Estado Policial en Nicaragua

El Centro de Estudio Transdisciplinarios de Centroamérica (CetCam), mediante el informe: “La Institucionalización del Estado Policial”, refleja que el régimen de Daniel Ortega ha radicalizado su modelo autocrático enrumbando al país a un callejón sin salida.

De acuerdo al informe, Ortega está en un callejón que no tiene salida política, debido a la persecución, amenaza y hostigamiento incluso en contra de sus mismos seguidores, lo que ha profundizado su aislamiento y rechazo de la sociedad.

“El rumbo que lleva lo encamina a un callejón que  no tiene salida política puesto que el uso  sistemático del terror y la amenaza contra todo  y contra todos, incluyendo a sus propios  seguidores, solamente profundiza su  aislamiento, ilegitimidad y el rechazo creciente  de la sociedad.

Un marco jurídico acompañante del Estado Policial

La organización señala que la transformación de las instituciones estatales en instrumentos de control y represión es el resultado de la incapacidad de la administración nicaragüense para restablecer las alianzas y lograr el apoyo popular que le dieron sustento en años anteriores.

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“Las elecciones del 2021 evidenciaron su enorme soledad, no sólo porque la población se ausentó masivamente, sino también porque los pocos que votaron, no lo hicieron a favor de Ortega”, detalló CetCam.

“Los partidos zancudos, sin ninguna credibilidad entre la población, sumaron entre todos más votos que los obtenidos por Ortega, un resultado que le confirmó que su única opción para sostenerse en el poder es la profundización y ampliación del régimen de terror”, continúa.

CetCam también agrega que el régimen de terror que mantiene Ortega en el poder se debe a que la ciudadanía podría aprovechar “hasta la mínima oportunidad para propiciar un cambio de gobierno”.

El informe  detalla que el régimen nicaragüense activó la simulación de consulta entre su propia gente para reformar el Código Penal a fin de aumentar las penas a reos políticos acusados y condenados.

El régimen de Daniel Ortega somete a “consultas” las leyes que pretende aprobar a través de la Asamblea Nacional. No obstante, los especialistas consultados, generalmente son afines al partido de gobierno.

La muerte de la sociedad civil en Nicaragua

El informe alerta sobre una posible “muerte de la sociedad civil”, debido a la feroz cancelación de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro, rompiendo record en mayo de 2022, al ilegalizar a más de 50 ONG en ese mes.

“Esto pone en  manifiesto que en el país de Ortega no hay espacio para asociaciones independientes, universidades privadas, organizaciones de derechos humanos, cámaras empresariales, ni centros de investigación. Las únicas organizaciones que pueden existir son las que cantan loas al dictador”, dice la organización.

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Con estas acciones, señalan que el régimen sandinsita quiere moldear “una sociedad civil chata, dócil, incapaz de pensar por sí misma; es decir, quiere acabar con la sociedad civil que por naturaleza es diversa, vital, independiente y contradictoria”.

“Normalidad” inestable y lealtades en apuros

El informe detalla que si bien Ortega ha impuesto una aparente normalidad al aplastar toda forma de disensión  real o potencial, sabe que en el mediano plazo su  modelo se va a descomponer, especialmente por  el aislamiento internacional y la continuidad de las sanciones.

“Por lo tanto, necesita acompañar  su política represiva con una estrategia política y  comunicacional que minimice la resistencia  activa de la ciudadanía y le proporcione  viabilidad para manejar este nuevo período  presidencial”, expresa.

Estas acciones, sumado al rompimiento de relaciones diplomáticas y al conflicto de intereses interno del sandinismo, acentúan un eventual derrumbe del sistema político.

“El colofón del conflicto iniciado en meses  pasados entre el círculo de poder del régimen  Ortega-Murillo y los llamados “sandinistas  históricos” que protestaron por la marginación  que han sufrido y la disolución de su  organización fue una respuesta similar a la que  han aplicado a los líderes y activistas de la  oposición democrática: la amenaza, acoso  policial y ataques violentos en las redes sociales”, añade el informe.