Régimen juzga a ocho opositores en una extensa jornada
La farsa procesal en el que se juzga arbitrariamente a siete presos políticos y un acusado en asusencia continúa este miércoles en El Chipote.

Este miércoles 16 de febrero, el régimen de Daniel Ortega continuará el juicio contra ocho opositores, entre aspirantes presidenciales, activistas y un ex líder empresarial, acusados por el Ministerio Público (Fiscalía) de conspiración.
Los acusados son:
Manuel Salvador Orozco Ramírez, politólogo e integrante de la Organización Diálogo Americano. Será juzgado en ausencia puesto que se encuentra en el exterior del país.
José Bernard Pallais Arana, ex vicecanciller, integrante de la Coalición Nacional y exmiembro de la mesa de negociación con el régimen en 2019.
Félix Maradiaga Blandón, aspirante presidencial en la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB)
Juan Sebastian Chamorro García, extitular de Funides y de la Alianza Cívica. Se postuló como aspirante presidencial en 2021 y competiría en la Alianza Ciudadana.
Arturo José Cruz Sequeira, aspirante presidencial en la Alianza Ciudadana y catedrático.
José Adán Aguerri Chamorro, extitular del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)
Violeta Mecedes Granera, activista opositora en la UNAB.
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Daysi Tamara Dávila Rivas, activista opositora en la UNAB.
Pruebas del régimen se basan en grupos de WhatsApp
El expediente Fiscal 17472402021JD, señala que la Fiscal Auxiliar del Ministerio Público, Heydi Estela Ramírez Olivas presentó la investigación y acusación contra los ocho opositores, señalados de cometer “Conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.
El documento señala a Manuel Orozco de promover campañas desestabilizadoras y de triangular recursos del Instituto Republicano Internacional (IRI) y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para crear organizaciones para canalizar fondos a Nicaragua.

“El 30 de abril de 2021, el acusado Manuel Salvador Orozco Ramírez, por medio del grupo de WhatsApp denominado “Reunión 3 de mayo”, les instruyó que le hicieran llegar los planteamientos por escrito sobre las reformas electorales en Nicaragua, asignándole a cada quien un rol en la reunión con miembros de la OEA, programada para el mes de mayo de 2021”, señala la Fiscalía.
Régimen pasa por encima del ordenamiento jurídico
La Fiscalía señala que Pallais Arana, el 11 de noviembre de 2019, abordó el tema de las sanciones hacia el régimen sandinista, considerado un “pecado capital” para la pareja presidencial.
“En entrevista brindada en el programa Esta Semana, refirió que en relación a las declaraciones del Secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, la aplicación de esas sanciones no están sujetas a interpretación, sino que son fruto de una política de Estados Unidos que condenan al régimen por los incumplimientos de sus obligaciones que vienen de la carta democrática”, señala la Fiscalía.
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Mayoría de pruebas son anteriores a aprobación de leyes represivas
Sin embargo, la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que establece que la disidencia es “traición a la patria” fue aprobada en diciembre de 2020, por lo que el régimen estaría convirtiendo a la Ley 1055 en una legislación retroactiva.
El sistema jurídico penal Nicaragüense permite la retroactividad de las leyes cuando ésta favorezca al reo, es decir aplicar la nueva ley a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor, sin embargo se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley cuando ésta perjudique al condenado.
Además, el Código Penal en su artículo 1, señala que ninguna persona puede ser condenada por una acción u omisión que no esté prevista como delito o falta por ley penal anterior a su realización.
“No será sancionado ningún delito o falta con pena, medida de seguridad o consecuencia accesoria que no se encuentre prevista por la ley anterior a su realización. Por ningún motivo la Administración Pública podrá imponer medidas o sanciones que impliquen privación de libertad”, señala el Código Penal.
Sin embargo, a Juan Sebastián Chamorro también se le acusó por declaraciones a los medios de comunicación y publicaciones en sus redes sociales previo a la aprobación de la Ley 1055.

“El 22 de mayo de 2020, el acusado Juan Sebastián Chamorro García, publicó en Twitter un video donde dijo: las sanciones en contra del Jefe del Ejército y del Ministro de Hacienda constituyen un respaldo a la ciudadanía en su lucha por la defensa de los derechos humanos, la democracia, Las sanciones se las buscaron ellos mismos”, señala la Fiscalía a Chamorro.
Tener contacto con personalidades extranjeras es “delito” para el régimen
La Fiscalía, dominada por la ideología sandinista, señala a Félix Maradiaga de sostener contacto con congresistas de Estados Unidos y funcionarios de la Unión Europea y la OEA.
La institución refiere que el 21 de enero de 2020, previo a la aprobación de la Ley 1055, Maradiaga se reunió con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo en San José, Costa Rica y que gestionó sanciones contra la Policía Nacional.
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Al aspirante presidencial Arturo Cruz Sequeira se le imputa el cabildeo en Washington para aprobar la Ley Renacer. Según la Fiscalía, esta acusación se basa en una nota de voz que el propio Cruz habría grabado.
“Se encontró en el dispositivo electrónico ocupado al acusado Cruz Sequeira, un audio donde manifestó que se encontraba en Estados Unidos viendo tres cosas: que Nicaragua sea suspendida de la OEA, que la Ley Renacer fuera aprobada y suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana”, señala la Fiscalía.
Detención solicitada por Luis Pérez Olivas
La acusación de la Fiscalía destaca que las órdenes de detención las giró el Comisionado General Luis Pérez Olivas, de la Dirección de Auxilio Judicial.
Además, señala que Pérez Olivas solicitó al Ministro de Gobernación, un historial de sus movimientos migratorios.
Por otro lado, las pruebasque la Fiscalía presentó incluyen testimonios de 32 oficiales de policías, entre tenientes, inspectores y suboficiales que, según el escrito, participaron en la detención ilegal y posterior allanamiento.