Régimen cierra dos organizaciones de mujeres

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron un decreto para ilegalizar a seis organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Asociación de Mujeres Trabajadoras y desempleadas María Elena Cuadra, la Asociación Pen Internacional Nicaragua, entre otras.

Las organizaciones ilegalizadas son:

1-Fundación para la promoción y Desarrollo de las Mujeres y la Niñez, Blanca Aráuz, FUNDEMUNI, aprobada mediante decreto 1126, publicado en la Gaceta Diario Oficial en 1995.

2-Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, aprobada en 1991, dirigida por Álvaro Leiva, exiliado en Costa Rica y destacado por gestionar liberación de reos políticos en 2018.}

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3-Asociación de Mujeres Trabajadoras y desempleadas, María Elena Cuadra, dirigida por Sandra Ramos, crítica al régimen de Daniel Ortega.

4-Centro Nicaragüense de Promoción de la Juventud y la infancia, aprobada en 1990.

5-Fundación iberoamericana de las Culturas, FIBRAS, aprobada en 2001.

6-Asociación Pen Internacional, aprobada en 2005 y que era dirigida  por la escritora disidente del Frente Sandinista, Gioconda Belli.

Exposición de motivos presentada por Filiberto Rodríguez

La exposición de motivos presentada por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, señala que Franya Urey Blandón, responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación, solicitó la cancelación de las personerías jurídicas el pasado 11 de febrero.

Además, destaca que las organizaciones no presentaron sus estados financieros, tienen juntas directivas con plazos vencidos y no declararon donaciones previas provenientes del exterior.

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“Estas seis asociaciones o fundaciones han incumplido sus obligaciones conforme las leyes que regulan a los organismos sin fines de Lucro, Ley sobre personas sin fines de lucro, Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, Ley de Agentes extranjeros”, señala.

Gobernación acusa a las organizaciones ilegalizadas

Gobernación acusa a estas organizaciones de obstaculizar el trabajo de control de organizaciones.

 “Con estas acciones señaladas, las seis asociaciones han obstaculizado el control y vigilancia del Departamento de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, debido a que al no reportar sus informes financieros, no promovieron políticas de transparencia en la administración de fondos”, añade la exposición de motivos.

El decreto aprobado en la Asamblea Nacional establece que el departamento de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, del Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de las inscripciones en un plazo no mayor a las setenta y dos horas, solicitando a los representantes legales de las entidades que entreguen los libros de ley, el sello y demás documentos que requiera Gobernación.

“Los bienes y acciones que pertenezcan a las Asociaciones/Fundaciones, tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el Acto Constitutivo o en su Estatuto. Si nada se hubiera dispuesto sobre al respecto, estos pasarán a ser propiedad del Estado de conformidad a la Ley de la materia”, señala.

“Los invito a que vengan a tomarse el edificio”

Por su parte, Sandra Ramos, directora del María Elena Cuadra, aseguró que es falso el supuesto incumplimiento de sus obligaciones ante el Estado.

“El María Elena Cuadra tiene 28 años de existir y si pagamos impuestos, agua y luz, ¿cómo podemos estar incumpliendo como ellos señalan? Eso no es cierto, si se quieren quedar con las paredes de un edificio que no les ha costado, les invito a que se lo vengan a tomar, se lo entregamos”, afirmó. “Aquí no hay que llorar por estas paredes. Vamos a acudir a las instancias correspondientes para reclamar por este abusivo hecho, porque yo puedo demandar a un nuevo gobierno a que elimine lo que este hizo”, añadió.