Política estatal de represión incentiva otros tipos de violencia en Nicaragua

El Informe Violencia e Inseguridad en Nicaragua 2020, presentado la mañana de este miércoles 17 de marzo por el Monitoreo Azul y Blanco destaca que hay una tendencia sostenida de violencia letal en el país desde el 2019, que se ha incrementado y expandido al área urbana.

La investigadora Elvira Cuadra, en este informe logró documentar 264 asesinatos con un total de 291 víctimas durante el 2020 con picos altos en los meses de septiembre y diciembre, significando un incremento de 87.2% de casos respecto al 2019 cuando se registraron 141 asesinatos.

Con un promedio de 22 asesinatos por mes, los departamentos con mayor incidencia son Managua, Jinotega y Matagalpa.

“La motivaciones políticas aparentemente han disminuido pero hay un dato que llama la atención y es el hecho de que un porcentaje importante de los asesinatos son cometidos por grupos de hombres, entonces allí probablemente hay un trasfondo político que no se puede ver en la evidencia que hemos recopilado pero que nos permite formular dos hipótesis; la primera de ella es que la violencia política se está extendiendo a formas de delincuencia común y la segunda hipótesis, es que los asesinatos políticos se están encubriendo como asaltos o delitos comunes”, subrayó Cuadra durante la presentación del informe.

Cinco factores de riesgo detonantes de la violencia

La política de represión del gobierno ha transitado al menos por once fases desde abril de 2018 hasta la fecha y de acuerdo a Cuadra eso ha significado un cambio importante en el escenario de la seguridad en Nicaragua, en el cual, la amenaza principal proviene de la violencia política estatal.

Cuadra señala que esta violencia política se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia e inseguridad vinculadas con la delincuencia y criminalidad común, así como el crimen organizado. En este escenario influyen al menos cinco factores de riesgo: a) los discursos de odio y criminalización que son emitidos diariamente desde el gobierno; b) la actuación de la policía que dedica sus recursos a las acciones de represión especialmente en contra de líderes de localidades y nacionales, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, y la ciudadanía en general; c) la existencia de los grupos paramilitares y la impunidad con la que actúan, muchas en conjunto con la policía; d) la disponibilidad de armas de fuego en manos de la policía y de los grupos paramilitares; y e) los indultos otorgados por el gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes.

La disponibilidad de armas de fuego es uno de los factores de riesgo que pone en alerta de un incremento de la violencia política en este año electoral que tiene características particulares por estado de terror que ha implantado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en los últimos meses han empezado a cambiar sus formas de represión, el tipo de despliegue policial, el tipo de hostigamiento y de vigilancia que hacen sobre líderes políticos, defensores, activistas y periodistas.

“Como sabemos hubo distribución y uso de armas entre civiles y la conformación de los grupos paramilitares en el 2018 y eso generó un incremento en la cantidad de delitos con presencia de armas de fuego e hizo visible algo que en Nicaragua no ocurría desde los años 90 y es la presencia de armas de guerra”.

Cuadra además alertó sobre el incremento significativo de los femicidios y las desapariciones forzosas principalmente de niñas y adolescentes que se han registrado en los últimos meses particularmente en la zona norte del país

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