“Consentimiento informado” para vacuna contra Covid-19 es ilegal dicen especialistas

“Es absurdo pedir la exoneración de toda responsabilidad porque los consentimientos informados no están elaborados para exonerar a nadie, están elaborados para demostrar que se le dio información al paciente”.

  • 3:09 pm
  • Mar 4, 2021
República 18

Luego de que los primeros ciudadanos vacunados con la vacuna rusa Sputnik V fueran publicados en las redes sociales con un certificado donde aseguran que recibieron la información necesaria sobre los efectos de esta dosis y que eximen al Estado de Nicaragua de cualquier responsabilidad, los especialistas y defensores de derechos humanos han catalogado como “ilegal” este proceso, pues el Estado debe de responder por estas personas.

En el documento el ciudadano dice estar “satisfecho” con la información que recibió sobre la vacuna más criticada en el mundo por saltarse un proceso de análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el segundo párrafo dice que acepta de manera voluntaria su aplicación.

“En tal condición acepto voluntariamente que me apliquen la vacuna Covid-19, y eximo al Gobierno de Nicaragua y al Ministerio de Salud (Minsa) de toda responsabilidad ante eventos relacionados con ello”.

Este es el consentimiento informado que el MINSA pide firmar a quienes acceden a la vacuna rusa contra el Covid-19

Ante esto, el especialista de la salud José Antonio Delgado explicó a República 18 que “el proceso de hacer firmar el consentimiento informado de la forma que lo hacen es ilegal, porque la firma del consentimiento informado es voluntaria. El consentimiento informado lo que refleja y lo que demuestra es que se le dio la información de todo lo concerniente a la salud al paciente. Yo demuestro por escrito que le di toda la información. Al existir un documento por el Minsa que esta normado y aprobado, ese documento que exonera al Gobierno y al Minsa y que la persona esta conforme con la información, es ilegal.

Delgado manifestó que las acciones del régimen de Ortega en este proceso violan la Ley General de Salud o Ley 423, en que en su Artículo 8 establece que los ciudadanos tienen derecho a que le comunique todo aquello que sea necesario para que su consentimiento esté plenamente informado en forma previa a cualquier procedimiento o tratamiento, de tal manera que pueda evaluar y conocer el procedimiento o tratamiento o especifico, los riesgos médicos asociados y la probable duración de la discapacidad. “El usuario es libre de escoger el procedimiento frente a las alternativas que se le presenten. El consentimiento deberá constar por escrito por parte del usuario”.

Para Delgado, tanto el Minsa y el Gobierno de Nicaragua no consiguen nada con este certificado, pero afectan emocionalmente a las personas porque generan temor de realizar algún reclamo porque no tienen dónde quejarse. “Es no viable y absurdo pedir la exoneración de toda responsabilidad porque los consentimientos informados no están elaborados para exonerar a nadie, están elaborados para demostrar que se le dio información al paciente de su salud”.

El régimen juega con la salud de los nicaragüenses

Yader Valdivia, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más denunció que el régimen de Daniel Ortega desde que llegó el virus al país ha jugado con la salud de la población, pues nunca se realizó una campaña para concientizar sobre los riesgos del virus y la importancia de protegerse. De igual manera, lo han hecho con la vacuna donde toda la información ha estado centralizada.

“El Minsa que ha querido aparentar que es el mejor, pero nunca tomó las medidas sanitarias para proteger a sus médicos ni a la población, no hubo una campaña de información, pese a que la OMS y la OPS había hecho un manual. Más bien se prestaron al juego del régimen de decir que era una tos chifladora. Ahora que vengan a decir que la vacuna es voluntaria y que deban de firmar un documento no es normal, en todos los países ha sido voluntario el proceso”.

Valdivia enfatizó que estar obligando a la gente a firmar ese documento es ilegal y viola los derechos de la ciudadanía. “Esta forma de anunciar esta vacuna es extraña. Esta vacuna, es una vacuna que no están usando la mayoría de los países y pese a que la OMS ya la ha aprobado, no se puede jugar con la salud de los y las nicaragüenses. El Estado de Nicaragua debería de hacer caso a las recomendaciones del Comité Multidisciplinario, entre ellos empezar una campaña para dotar a la población de información”.

Nicaragua es uno de los países donde el proceso de vacunación inició tarde y donde tampoco se le garantiza a la ciudadanía el seguimiento, observación y acompañamiento necesario después de la primera dosis, pese a que el riesgo es latente de que los efectos secundarios sean fuertes o afecten la salud de la persona inmunizada.

Más noticias: Violencia machista en Nicaragua se agrava, no hay cadena perpetua que la detenga dicen activistas