Policía rodea a periodistas independientes que denuncian la violencia estatal
PCIN expresó su solidaridad con organizaciones aliadas que dejaron de operar en el país a consecuencia de la Ley de Agentes Extranjeros y elevaron a nivel internacional una señal de alerta permanente
Por Abraham Rojas
La organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) denunció la escalada represiva en contra del gremio de profesionales de la información que ha perpetrado el régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018, cuando iniciaron las protestas en contra de unas fallidas reformas a la Ley de Seguridad Social.
Desde ese año y hasta hoy, el régimen Ortega Murillo han impuesto cárcel, leyes represivas como la de los Agentes Extranjeros, misma que controla el financiamiento que reciben las oenegés que apoyan al periodismo independiente y la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” con la que el Estado busca criminalizar la labor de informar, dejando a criterio del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) qué es o no “noticias falsas”.
En un comunicado leído por la Comisión Ejecutiva de PCIN, describen que esas leyes creadas por el régimen de Ortega y Murillo para perseguir y criminalizar la labor periodística han provocado, además, el cese de operaciones de PEN Internacional Nicaragua y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), entidades no gubernamentales que apoyaban y respaldaban al periodismo independiente en Nicaragua con proyectos de investigación y formaciones en periodismo de investigación, género y económico.
“PCIN mantiene la alerta ante el aumento del riesgo que enfrenta el ejercicio periodístico de Nicaragua, los días 4 y 5 de febrero de 2021, las organizaciones PEN internacional Nicaragua y Fundación Violeta Barrios de Chamorro se vieron forzadas a cesar sus operaciones en el país, como consecuencia de los efectos antijurídicos de la Ley de Agentes Extranjeros” dice el texto del comunicado.
“Expresamos nuestra solidaridad con nuestras organizaciones aliadas y reconocemos su trabajo a nivel nacional e internacional, por lo que extendemos a nivel internacional nuestra señal de alerta permanente señalando que, en el país el actual gobierno sigue violentando el derecho constitucional de los y las nicaragüenses a informarse”.
Periodismo: blanco de la represión estatal
El mismo comunicado leído por la organización de Periodistas Independientes señala que, ejercer periodismo crítico, investigativo e independiente en el país, se ha convertido en una profesión de alto riesgo debido a que no es de agrado de la dictadura de Daniel Ortega el destape de la corrupción y la denuncia de la violación de derechos humanos, por las que han sido sancionados más de 28 funcionarios de gobierno y algunas instituciones.
“Muchos colegas tienen amenazas contra su vida, su integridad física y psicológica”, cita el comunicado.
Asimismo, PCIN denunció la judicialización de la labor periodística que afectan a dos comunicadores independientes, Kalua Salazar, directora de prensa de Radio La Consteñísima; Aníbal Toruño, director de Radio Darío y David Quintana, director de la plataforma digital Boletín Ecológico.
“Salazar y Quintana son violentados a tres de procesos judiciales arbitrarios y amañados… Aníbal Toruño ha sido víctima de agresiones directas a su patrimonio y familia”, expresaron los miembros de PCIN.
Abigail Hernández, miembro de la Comisión Ejecutiva de PCIN aseguró que esta organización va a seguir denunciando las violaciones de derechos humanos y en especial, en contra de los periodistas.
Por su parte, William Aragón, miembro de PCIN, manifestó que las dos organizaciones que cesaron su labor en Nicaragua por la puesta en marcha de la Ley de los Agentes Extranjeros, es un ataque a la libertad de prensa.
En cinco meses se dieron 943 violaciones a la libertad de prensa
El periodista Cristopher Mendoza, miembro de PCIN detalló que del cinco de julio al cinco de diciembre de 2020 se registraron 943 violaciones a los derechos humanos y se recibieron 66 denuncias de periodistas quienes sufrieron 28 agresiones como la obstaculización, desprestigio, amenazas y torturas psicológicas cometidas por efectivos de la policía sancionada y paramilitares y fanáticos del partido de gobierno.
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