Daniel Ortega principal responsable de crímenes de lesa humanidad, reafirma Tribunal de Conciencia

El informe del Tribunal de Conciencia señala la abierta participación de la cadena de mando de la Policía Nacional de Nicaragua en las torturas atroces sufridas por opositores al régimen y evidencia la complicidad de jefes policiales de todas las delegaciones del país y la responsabilidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

De igual forma, señala de “presunta responsabilidad de manera colectiva, por la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad” a las instituciones como la Policía Nacional de Nicaragua y al partido político, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El documento ‘Peritaje de la Cadena de Mando responsable de la violencia sexual como Crimen de Lesa Humanidad’ fue elaborado y presentado en Fundación Arias para la Paz y el progreso Humano, en San José, Costa Rica.

Está basado en 16 testimonios de víctimas que sufrieron toda clase de torturas en las cárceles y centros de tortura clandestinos del régimen, todas ellas, víctimas de abuso sexual en los centros de detención.

El testimonio de estas 16 personas coincide en que fueron capturados por personas uniformadas como oficiales de la Policía Nacional, quienes en la mayoría de los casos estaban acompañados de “elementos paramilitares”.

La mayoría, fueron llevados en primera instancia a centros de tortura clandestinos donde sufrieron golpizas previo al interrogatorio, que giraba en torno a su participación o rol dentro de las manifestaciones.

Los testimonios fueron recopilados por ‘La Plataforma de Acceso a la Justicia’, que está conformada por organizaciones de derechos humanos de Nicaragua y Costa Rica, junto a Fundación Arias.

Ortega y Murillo, principales responsables del “vamos con todo”

El Tribunal de Conciencia, conformado por investigadores y expertos en derechos humanos, colocan a José Daniel Ortega Saavedra como el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares, policías y fanáticos de su régimen.

Debido a que Ortega ostenta el cargo de “presidente de la República de Nicaragua” y se autonombró “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” del país, es decir, tiene el control total y mando sobre el Ejército y la Policía Nacional.

Como la segunda al mando y también corresponsable de la ejecución de crímenes de lesa humanidad sobre la población, se ubica Rosario Murillo Zambrana.

Ella “en su calidad de vicepresidenta de la República de Nicaragua quien ordenó la escalada represiva que facilitó la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, en su mencionada orden “vamos con todo”, señala el informe.

Cadena de mando represiva continúa en altos mandos de la Policía Nacional

El informe del Tribunal de Conciencia también sitúa como el tercero en la cadena de mando, al Primer Comisionado Francisco Javier Díaz Madriz, en su calidad de Jefe Nacional de la Policía Nacional de Nicaragua.

“Esta institución cometió Crímenes de Lesa Humanidad al cumplir sin ningún tipo de cuestionamiento de la legalidad o legitimidad la orden emanada por sus superiores inmediatos”, enfatiza el Tribunal de Conciencia.

De esta manera, las siguientes personas, también son acusadas por el Tribunal de ser corresponsables de permitir crímenes como secuestro, asesinato y torturas atroces en contra de la población civil que se manifestaba:

El Comisionado General, Fernando Borge y el Comisionado General, Sergio Gutiérrez. Quienes ocuparan el puesto de “segundo jefe de la Policía Nacional cuando sucedieron los hechos”.

El subdirector de la Policía Nacional, Director de Inteligencia y también Secretario Político del FSLN en la institución policial, el Comisionado General, Adolfo Marenco Corea.

El Comisionado General, Ramón Antonio Avellán Medal, conocido como “el verdugo de Masaya”, quien fue subdirector de la Policía Nacional y responsable de las operaciones policiales en esa ciudad cuando sucedieron los hechos.

De igual manera, el Comisionado General, Jaime Vanega Vega, “Inspector General de la Policía Nacional cuando sucedieron los hechos”, señala el informe.

Responsables de torturas macabras

Las 16 personas entrevistadas durante el peritaje realizado por el grupo de expertos señalan un total de 20 tipos de torturas a las que fueron sometidos hasta el cansancio.

Entre las torturas destacan la extracción de uñas de manos y pies, quebraduras de dientes, fractura de quijada y de nariz, quema de genitales con ácido, asfixia mecánica, ahogamiento simulado y violaciones anales y vaginales, tanto a hombres como a mujeres.

Entre las torturas de violación, destacan las violaciones anales y vaginales con objetos como cañones de fusiles, escopetas, pistolas, macanas antidisturbios o “amansa bolos”, que los oficiales o paramilitares introducían en los genitales de las víctimas.

Mujeres, las que más sufrieron

De igual manera, en los centros de detención a los que fueron llevadas las prisioneras, se registró la práctica de violaciones múltiples. “En este caso las prisioneras fueron violadas por varios perpetradores, tanto anal como vaginalmente. Se documentó un caso de violación anal múltiple en un hombre”.

Por esta razón, el peritaje realizado por el grupo de expertos posiciona al Comisionado General, Luis Alberto Pérez Molina, jefe de la Delegación de Auxilio Judicial, mejor conocido como “El Chipote”, como uno de los responsables de que se cometieran dichas atrocidades, al igual que el Comisionado General, Farle Isidro Roa Traña, segundo jefe de la delegación.

“El Chipote” fue reconocido por muchos excarcelados políticos de Nicaragua, como el principal “centro de torturas” del régimen de Daniel Ortega y donde muchos jóvenes fueron llevados luego de ser secuestrados por la Policía Nacional o paramilitares.

Hubo sistematicidad, generalización y intencionalidad

“La represión, capturas arbitrarias, torturas, violaciones y abusos sexuales cometidos indistintamente en contra de mujeres y hombres fueron ejecutados de manera sistemática, lo que revela un proceso de organización y dirección desde las más altas esferas del poder mediante órdenes específicas”, señala el informe.

Las torturas, violaciones y abusos sexuales fueron realizados en todos los departamentos y municipios del país donde ocurrieron levantamientos y protestas.

Esto permite asegurar sin lugar a duda que todas estas acciones estaban orientadas desde las más altas autoridades del país, presidente y vicepresidenta en primer orden, para acallar las protestas ciudadanas.

También, permite establecer patrones criminales de conducta, contrario a actuaciones individuales esporádicas o desconectadas unas de otras, continúa.

“Todas las acciones criminales en contra de los ciudadanos capturados arbitrariamente y torturados, tal a como se ha expuesto en el presente peritaje, fueron llevadas a cabo con la firme intención de causar daño de manera deliberada, siguiendo un esquema repetitivo y lesivo a la dignidad que deben tener los prisioneros”.

“Se deben investigar todos los crímenes cometidos contra la población”

Con el peritaje realizado por el grupo de expertos, el Tribunal de Conciencia hace el llamado a “iniciar procesos judiciales, agotando las instancias nacionales una vez que el régimen actual esté fuera del poder”, esto debido a que en la actualidad el país no cumple con las condiciones necesarias para iniciar dicho proceso.

También hizo un llamado a conformar una Comisión Internacional de la Verdad, con el propósito de realizar una investigación verás e imparcial de los crímenes a los que ha sido sometida la población nicaragüense.

“Acusar judicialmente ante las instancias correspondientes, nacionales e internacionales, a todos aquellos funcionarios políticos, gubernamentales, partidarios y policiales que resulten culpables de la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad”.

De igual manera instó a promover la creación de un Centro de Atención Integral para las víctimas de tortura y abusos sexuales cometidos durante el contexto de las manifestaciones en contra del régimen.

“Debe ser impostergable la clausura de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El Chipote”, lugar donde se cometieron los peores crímenes que pueda tener memoria la historia política de Nicaragua, y convertirlo en un Museo de Memoria Histórica contra la Impunidad”.

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