Libertad de asociación en Nicaragua ha sido arrebatada gradualmente desde 2007
El informe revisa la situación de la libertad de asociación en Nicaragua, que no ha hecho más que continuar deteriorándose, como lo refleja la reciente iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros
Fundación del Río y Popolna presentaron la mañana de este miércoles un análisis sobre la situación de la libertad de asociación en el país, desde el retorno de Daniel Ortega al poder, el cual comprende el período 2007-2020. Dicho documento, detalla el incremento gradual de las violaciones a este derecho y resalta a las víctimas de estas arbitrariedades.
El documento se titula “Análisis de la libertad de Asociación en Nicaragua”, el cual contiene un enfoque de derechos humanos, marco legal internacional, evolución histórica de este derecho y cómo se ha violentado, identifican casos particulares, señalan patrones de violencia y caracterizan las etapas represivas en el país.
Amaru Ruíz, presidente de la confiscada Fundación del Río manifestó que en este informe, también, reconocen que en los gobiernos anteriores hubo violaciones a la libertad de asociación; sin embargo, ninguna se compara a las violentas y arbitrarias acciones de la pareja presidencial.
Estructuras partidarias brazo represor contra ONGs
Ruíz destacó que con el primer decreto presidencial 114-2007, el régimen de Daniel Ortega empezó a actuar y se establecieron como los legítimos para participar del poder local; es en este período se organizan los Consejos o Gabinetes del Poder Ciudadano, los cuales fungen como brazo represivo del Estado y que tratan de cortar los consejos de desarrollo, tanto municipal como departamental.
Acto seguido fue eliminar la autonomía universitaria, local y regional; es aquí cuando se les cercena el derecho de opinar o decidir a los rectores, alcaldes, líderes indígenas y estudiantes de UNEN.
Durante estos procesos se van conformando estructuras partidarias únicas como lo es la Juventud Sandinistas 19 de Julio (JS), inmediatamente se da el cierre de 17 asociaciones y la cancelación de partidos políticos como el Movimiento Renovador Sandinistas (MRS).
Mónica López Baltodano, directora ejecutiva de la confiscada organización Popolna expresó que presentar dicho análisis es un mensaje al régimen de que no van a lograr quitarles el derecho de asociación pese a las estrategias represivas en contra de los defensores y defensoras.
De igual manera, Inés Pousadela, especialista en investigación detalló que “el presente informe revisa la situación de la libertad de asociación en Nicaragua, que no ha hecho más que continuar deteriorándose, como lo refleja la reciente iniciativa de ley de regulación de los llamados agentes extranjeros, versión criolla de la legislación con que Rusia lleva casi una década dando cátedra de autoritarismo en su país y en el mundo. Con la convicción de que a los derechos no basta con declararlos, sino que hay que defenderlos en la práctica todos los días, esperamos que este informe consiga llamar la atención de la sociedad civil internacional y de los organismos intergubernamentales en posición de exigir al gobierno de Nicaragua que rinda cuentas de sus actos y cumpla con su obligación de garantizar la integridad del espacio cívico”.
Finalmente, mientras se presentaba este informe, trabajadores de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llegaron a la vivienda de Mónica López, para entregarle una notificación donde le llaman la atención por el rol que está desempeñando como notaria. También, le notifican que debe de actuar con “prudencia, diligencia y responsabilidad”; sin embargo, no respondieron a la decena de recursos que ha entregado para exigir el respeto de los derechos de los nicaragüenses.
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