Año represivo y de judicialización para la prensa independiente de Nicaragua

Desde abril de 2018, en Nicaragua se agravó la crisis de derechos humanos y con ello aumentaron de forma exponencial las violaciones a las libertades ciudadanas y de prensa.

Como parte de su política autoritaria, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han establecido un estado de terror caracterizado por el uso excesivo de la fuerza policial y parapolicial, así lo reflejan informes de organismo de derechos humanos.

El patrón de violencia estatal ha encañonado de manera frontal contra medios y periodistas independientes, quienes han sufrido sistemáticos ataques por denunciar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

El periodista ambientalista David Quintana, quien desde antes de la crisis ha sufrido los ataques de la sancionada Policía Nacional, militantes de la pareja presidencial y trabajadores del Estado, narró a República 18 los diversos hechos de censura a los que ha estado expuesto, a tal punto de dejarle secuelas, tanto físicas como sicológicas.

El bloqueo contra el trabajo periodístico de Quintana inició el 10 de abril de 2018, cuando con un grupo de periodistas y ambientalistas fueron detenidos por el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional en el departamento de Río San Juan, para evitar que informaran sobre la situación del incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz.

“El 10 de abril intentamos llegar a San Carlos, Río San Juan; íbamos con tres equipos de trabajo y la policía nos detuvo desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde que nos dejaron ir al hotel; el Ejército nos prohibió ir a la zona, nos escoltaron al desayuno del día siguiente y nos expulsaron; luego nos llevaron de San Carlos hasta Juigalpa; ahí nos dejaron las patrullas; sin saber que ahí empezaría todo”.

Luego de ese bloqueo directo a los periodistas y ambientalistas que intentaban hacer uso del derecho a la información, contemplado en la Constitución Política de Nicaragua; empezó el acoso, el hostigamiento, los asaltos, las agresiones físicas, el encarcelamiento, la confiscación de medios y hasta el asesinato de un comunicador.

Hasta la fecha, en ninguno de esos casos se ha investigado o enjuiciado a los culpables; es más, han intensificado las violaciones a los derechos humanos como: el derecho a la vida, a la seguridad, a la salud y el derecho a las libertades públicas.

El periodista Quintana, desde su plataforma digital o sus redes sociales bajo el nombre “Boletín Ecológico”, ha denunciado cada violación a sus derechos como comunicador.

Sin embargo, en lugar de que las autoridades solucionen el caso, lo han llevado a juicio, acusado falsamente por un partidario del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) por injurias y calumnias; además, han ordenado restricción migratoria y lo obligan a firmar en una delegación policial cada 15 días.

“Nuestro derecho es llevar información a la población (…) no solo tengo retención migratoria, como que fuera un delincuente; además, tengo que ir a firmar cada 15 días como que ya me juzgaron y me dieron casa por cárcel. Los derechos humanos de Nicaragua nunca fueron tan violentados como en este régimen”.

En una ocasión, cuando Quintana publicó un reportaje sobre el asesinato de indígenas Mayagnas en el Caribe de Nicaragua, las autoridades del país intentaron obligarlo a romper con su profesionalismo y decir quiénes eran sus fuentes.

Quintana no cedió, ya que esto pondría en peligro a muchos ciudadanos indígenas. Es así, como día a día los periodistas se juegan la vida por hacer valer su derecho a informar en Nicaragua.

Ante los hechos de violencia, represión y censura que han puesto en peligro su vida, el periodista ha dejado registro de cada incidente y lo ha hecho a través de la denuncia pública y la denuncia ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos; esto con el objetivo de documentar las violaciones del Estado, tener un antecedente para que en un futuro se haga justicia y que su caso sea conocido por la comunidad internacional.

“Yo he tratado de dejar evidencia porque estoy seguro de que el pueblo de Nicaragua va a reaccionar y van a venir otros horizontes, van a venir otros momentos donde vamos a tener acceso a la justicia y es necesario dejar todo eso archivado. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) tiene mi denuncia de las primeras golpizas que me dieron, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) tiene mis denuncias actuales de lo que me está sucediendo; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene mi denuncia, el Instituto para el Periodismo Internacional tiene mi denuncia, el PEN tiene mi denuncia, todos tienen mi denuncia; incluso la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tiene mi denuncia”.

El periodista David Quintana, hizo énfasis en la importancia de denunciar los ataques del Estado contra cualquier derecho ciudadano; porque ante la falta de justicia lo único que queda es hacer memorias o las denuncias en las instancias independientes.

Seguimiento de casos

Ante la constante violación a los derechos humanos organizaciones como Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) y organismos nacionales de derechos humanos han creado observatorios especiales para documentar los casos de violencia contra los periodistas, para luego denunciar ante la comunidad internacional.

Ileana Lacayo integrante de la Comisión Ejecutiva de PCIN destacó que desde hace un año se creó desde la organización que representa el “Observatorio de Agresiones a la Libertad de Prensa”, dirigido específicamente a los periodistas.

“Documentamos cada situación de violencia, no solo a los agremiados de PCIN, sino a todos. Se le hace una entrevista a cada una de las víctimas y se prepara el informe. El informe es solo uno de los instrumentos porque luego se comparte cada caso con diferentes instancias como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el relator de la libertad de expresión y un sinnúmero de organismos”.

El informe que detalla cada caso es coordinado con la Fundación Violeta para luego crear un expediente internacional sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, además, este es público en las plataformas digitales de estas organizaciones.

Lacayo, explicó que para estar más al pendiente de sus agremiados y de los periodistas no agremiados, con la Fundación han organizado una red de defensores de la Libertad de Prensa en cada departamento del país, a lo que cataloga como “un trabajo de hormiga” porque antes se desconocían varios casos por la distancia o la falta de señal.

De igual manera la periodista independiente, hizo hincapié en la importancia de que las víctimas de la represión documenten sus casos y hagan sus denuncias formales, ya sea de manera privada o pública.

“Es importante porque nos permite documentar toda la violación y violencia contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, es importante porque hay que ver a futuro; es decir, esto un día va a terminar, un día vamos a instaurar nuevamente el Estado de Derecho y en ese momento tenemos que reactivar todos los recursos que tenemos. Entonces, algún día vamos a tener justicia”.

Lacayo aseguró que cuando reciben las denuncias de sus agremiados o colegas periodistas inmediatamente buscan alternativas para proteger al profesional, esto siempre y cuando los casos atenten contra la vida e integridad de sus colegas. Otras opciones son terapias psicológicas, fondos de emergencia y algunas coordinaciones para dar respuesta de emergencia

De igual manera, esperan avanzar en la creación de un observatorio que dé cobertura a los periodistas abusados por sus empleadores; ya que, en los últimos meses las demandas contra dueños de medios de comunicación han incrementado, quienes conscientes de las leyes y derechos laborales no reconocen el esfuerzo de sus colaboradores que, además, exponen su vida ante un régimen totalitario para llevar la información.

Serios retrocesos en derechos humanos

Para algunos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales el 2020 es un año marcado por “profundos y serios retrocesos en materia de libertad de prensa y expresión”.

Para el abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Juan Carlos Arce, en el último trimestre se aprobaron un combo de leyes represivas que tienen como objetivo coartar los derechos ciudadanos y principalmente los derechos de los periodistas.

El tridente de leyes formuladas y aprobadas durante el mes de octubre, por el régimen de Daniel Ortega, está conformado por la Ley Especial de Agentes Extranjeros (conocida como “Ley Putin”), Ley Especial de Ciberdelitos (conocida como Ley Mordaza”) y La Ley de Cadena Perpetua “por crímenes de odio”. Consideradas por especialistas como un combo represivo, que el régimen empleará para intimidar a opositores, judicializarlos e impedir o desmantelar el trabajo periodístico independiente dentro del país.

“Estas leyes tiene como objetivo reducir a un más el espacio de las libertades y el ejercicio de la ciudadanía; sin duda los medios y los periodistas independientes han estado en la mira de este poder abusivo, este poder represivo que ha demostrado a lo largo del año que no ha tenido ningún limite para obstaculizar y limitar el ejercicio del trabajo periodístico, el derecho a informar y el derecho de estar informados”.

Destacó que desde el Colectivo han recolectado cientos de denuncias de periodistas dentro y fuera de Nicaragua a quienes la dictadura no les permite realizar sus trabajos. “El régimen utiliza el Código Penal y toda su artillería para penalizar todo lo que hacen los periodistas; llevan el caso de una manera extrema que pone en peligro a los periodistas”, explicó.

En el caso de los periodistas exiliados también sufren acoso, agresiones a sus familiares en Nicaragua y sentencias de muertes; dichas situaciones, forman parte de los reportes que realizan los organismos para denunciar a nivel internacional; razón por la cual hacen siempre un llamado a la ciudadanía y a los gremios afectados a realizar sus denuncias o documentar los casos de manera formal.

Periodistas en el exilio sufren intimidación

Bismark Lebrón es un joven periodista, originario de la ciudad de León, que tuvo que abandonar Nicaragua debido a las constantes amenazas y hostigamiento provenientes de operadores del régimen de Daniel Ortega y de oficiales de la Policía Nacional.

Bismark se encuentra a salvo, exiliado en Costa Rica, pero teme por la seguridad de su familia que está en Nicaragua, porque recientemente han sido víctima de amenazas de cárcel y acoso por parte del personal policial de León.

Las amenazas y hostigamiento que el comunicador sufría mientras trabajaba como reportero para el medio de comunicación independiente, Radio Mi Voz, de León, recaen ahora sobre sus familiares.

“La situación que padece mi familia es lamentable, porque está padeciendo amenazas de muerte y ahora orden de captura a mi hermana, por el simple hecho de ser familia mía”, dijo a República 18, Bismark Lebrón.

Bismark ha denunciado a través de las redes sociales y medios de comunicación independiente lo que ocurre con su familia actualmente para que exista un registro sobre la situación que viven sus allegados por el simple hecho de ser su familia. Esta situación la viven otros periodistas independientes que se encuentran en Nicaragua, a quienes, patrullas de la Policía Nacional llegan a asediar sus casas de habitación para impedir su salida.

Ante estas situaciones, existe mucha colaboración entre los periodistas independientes de Nicaragua, en su mayoría aglutinados dentro de PCIN, para denunciar a través de los medios de comunicación en los que laboran, los actos de acoso e intimidación a los que son sometidos los comunicadores en el país.

“Más que todo, ellos están sufriendo esta persecución o amenazas por consecuencia de mi trabajo, como una represalia. Y en todo este tiempo que yo me he exiliado, han recibido amenazas de muerte principalmente, incluso, hay algunos policías que han amenazado a otros familiares con detenerlos o inventarles cargos”, señala.

2020 año gris para ejercicio de la prensa independiente

Para Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, el año 2020 ha sido un año gris para el periodismo independiente en Nicaragua.

“Gris porque ha estado marcado por grandes violaciones al libre ejercicio de la prensa independiente, porque no ha cesado la represión, el seguimiento y el acoso hacia los hombres y mujeres que ejercen la noble profesión de informar”, señala Medrano.

Medrano señala que, durante este año, también ha imperado el secretismo estatal respecto a temas como la pandemia del virus SARS-CoV2, que provoca la enfermedad de la Covid-19 y que ha golpeado a la población nicaragüense más vulnerable.

De igual manera, el secretismo por parte del Estado está presente en tragedias como el derrumbe en Peñas Blancas, donde más de 12 personas fueron soterradas por un alud y donde se impidió el acceso de periodistas independientes.

“En tiempos de tragedia nacional, los medios de comunicación son vitales; para comunicar mensajes, para comunicar temas de organización, de socorro y de advertencia”.

“Este año ha sido de judicialización de varios periodistas; vemos el caso de Kalúa Salazar, el caso de David Quintana y de otros periodistas, con quienes han tratado de utilizar las instituciones del Estado, como órganos represivos para poder silenciar a la prensa independiente”.

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