Juez orteguista remite a juicio a periodista independiente David Quintana
Sobre las medidas cautelares establecidas a Quintana, como es restricción migratoria, Oviedo considera que es totalmente insólito cuando fue el propio periodista quien solicitó a la juez que lo citará a la audiencia.
Tras haber sido declarado en rebeldía, y haber separado la querella de una acusación inicial de la que “jamás” fue notificado, esta mañana el periodista y director de la plataforma digital de noticias Boletín Ecológico, David Quintana enfrentó la audiencia inicial con fines de preliminar por su supuesta participación en los delitos de injurias y calumnias en perjuicio de Junieth Dávila y Nelson Vásquez Oporta.
El Juzgado Quinto Local de Penal, circunscripción Managua, admitió la acusación en contra del periodista Quintana y remitió la causa a juicio oral y público para el 18 de diciembre próximo.
Además, el juez orteguista impuso a Quintana como medidas cautelares restricción migratoria y presentación periódica cada quince días.
La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, quien asumió la defensa de Quintana interpuso un trámite de excepción por haber operado la extinción de la acción penal “por cuanto normas procedimentales en materia penal establecen cuáles son los procedimientos y las reglas para poder accionar penalmente en contra de una persona”.
Según Oviedo, en las injurias y calumnias establece la norma penal que el ente acusador tienen la obligación de presentar la acusación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de la supuesta comisión de los delitos, pero en el caso de Quintana se inició acusación y este “jamás fue notificado por el juzgado para que se hiciera presente a la convocatoria de audiencia”.
Sin haber sido notificado, Quintana fue decretado “rebelde”, lo que según Oviedo es absurdo porque para decretar la rebeldía de un acusado “el judicial tiene que tener constancia de que mi representado recibió la cédula judicial y esto no fue el caso”.
Oviedo además denunció que establecieron una dirección domiciliar que no corresponde a la del periodista David Quintana, por tanto, existe una nulidad en cuanto a la notificación misma.
Medida cautelar desproporcional e ilegal
Al tener conocimiento por terceras personas de la querella en su contra, Quintana junto a la abogada Oviedo el 18 de agosto se apersonó de manera voluntaria a solicitar a la judicial que convocara a audiencia y hasta tres meses después que la juez convocó a la audiencia, “estando la acción penal extinta”, asegura la defensa.
Sobre las medidas cautelares establecidas a Quintana, Oviedo considera que es totalmente insólito cuando fue el propio periodista quien solicitó a la juez que lo citará a la audiencia.
“Para el juez poder justificar una medida tan gravosa como la restricción migratoria tuvo que que tener un sustento de que existe un peligro de evasión de la justicia de parte de mi representado. Mi representado fue quien le pidió a la juez durante tres meses que le citará a audiencia pública, totalmente desproporcional e ilegal la medida cautelar”.
Por su parte el periodista David Quintana, dijo a República 18 que Boletín Ecológico seguirá informado para el pueblo de Nicaragua. “Nosotros estudiamos para informar, para que el pueblo de Nicaragua nos de la agenda que ellos quieren saber que es la verdad, somos periodistas y nos debemos a la verdad a pesar de las consecuencias, no nos debemos a un guion”.
Antecedentes de la querella
El 10 de julio pasado, Nelson Vázquez Oporta y Junieth Dávila Cruz, habitantes de Managua, interpusieron una querella por los delitos de calumnia e injuria contra Quintana.
La querella alude a una transmisión de Facebook Live del 17 de junio que Quintana realizó en la página de Boletín Ecológico, en la cual entrevistó a dos personas que expresaron haber sido desalojadas violentamente el día anterior, a raíz de una disputa que sostenían con Vázquez y Dávila por la propiedad de una vivienda.
De acuerdo a David Quintana, el 16 de junio hubo un desalojo en un barrio de Managua, hasta donde la Policía Nacional desplegó un fuerte contingente de efectivos y al menos unas diez patrullas para efectuar el desalojo en contra de una familia que había alquilado el inmueble que usaban como un bar. Un día después, el periodista asegura que llego al lugar para obtener declaraciones de las afectadas.
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