Nicaragüenses varados en Peñas Blancas viven “crueldad sin límites” denuncia Colectivo de derechos humanos
El grupo de viajeros ya lo engruesan 564 personas y hoy cumplen cinco días de espera infructuosa para que el régimen orteguista les permita el ingreso al país
Hoy transcurren cinco días desde que centenas de nicaragüenses empezaron a llegar a la frontera de Peñas Blancas en busca de retornar a su propio país. Al día de hoy el grupo de viajeros ya lo engruesan 564 personas, que ante la negativa del régimen de Daniel Ortega de permitirles llegar a sus hogares, están a la intemperie padeciendo sol, lluvia, hambre, sed y un gran riesgo de contagio del Covid-19.
Este jueves, los periodistas Lucía Pineda Ubau, Gerald Chávez y un equipo de defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, quienes están exiliados en Costa Rica, se trasladaron hacia la zona fronteriza para llevar víveres al grupo de nicaragüenses y conocer de cerca la situación que viven.
Gonzalo Carrión, director del Colectivo Nicaragua Nunca + denunció que ante la ola de retorno migratoria generada por la crisis sanitaria global de la pandemia, el régimen de Ortega y Murillo comete una “crueldad sin límites” y una grave violación de derechos humanos.
“En Nicaragua se cuida las fronteras pero no para que las personas gocen de sus derechos, se ponen muros de contención, de represión, para impedir que los nicaragüenses que tienen derechos universales de regresar a su país, no ingresen”, expresó Carrión.
Uno de los viajeros dijo que ayer los engañaron, las autoridades de migración les comunicaron que les permitirían entrar, pero no era verdad. “Todo mundo agarro sus maletas, alegres que íbamos para nuestras casas y fue solo una distracción para que le diéramos pasada a los camiones, a los furgones”, dijo.
El requisito que el régimen impuso para el ingreso de viajeros al país es una prueba negativa del #COVID19, que debe realizarse con 72 horas de antelación.
En el caso de los connacionales varados en Peñas Blancas, no cuentan con la prueba e insisten en que esta debe ser garantizada por el propio gobierno.
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