¡Moratoria ya! es la campaña de promueve la Unidad Nacional
Según la UNAB, la aplicación de la moratoria permitiría que el dinero que se deje de pagar por los servicios básicos, se pueda invertir en alimentos o medicinas durante esta etapa crítica del Covid-19
Aplicar una moratoria a los pagos de servicios básicos, como el de agua potable y energía eléctrica, es el propósito de la campaña denominada ¡Moratoria ya!, que promueve la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
La propuesta de la UNAB, es que el ESTADO aplique una moratoria durante tres meses, cuyo monto acumulado por las familias nicaragüenses podría ser pagado en un período posterior a la crisis sanitaria.
Desde el 18 de marzo, fecha en que se confirmó el primer caso de coronavirus en el país, la actividad económica y laboral se ha reducido drásticamente en Nicaragua.
Para que las personas no incurran en la suspensión de los servicios básicos por falta de recursos económicos en el marco de esta crisis sanitaria y económica que vive el país, la “única forma de cubrirlos es que el Estado implemente medidas de alivio económico, tal como la prórroga en el pago de agua potable y energía eléctrica”, sostiene la UNAB.
De acuerdo a la UNAB, la aplicación de la moratoria permitiría que el dinero que se deje de pagar en estos servicios básicos, se pueda invertir en alimentos o medicinas durante esta etapa crítica de ascenso del Covid-19, por lo que exhortan a la población a unirse a esta campaña subiendo en las redes sociales fotografías de sus recibos con la frase: ¡Moratoria ya!
Al mismo tiempo, la Unidad Nacional promoverá una petición vía digital para que esta sea firmada por los y las nicaragüenses, en exigencia para que el gobierno de Daniel Ortega implemente esta medida, que ha dado buenos resultados en distintos países del mundo durante esta crisis sanitaria, que ya deja más de 300 mil personas muertas.
En países de la región como parte de la medidas de alivio económico se ha suspendido el cobro de servicios básicos, tal es el caso de Panamá, en donde la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que contempla la suspensión de los cobros de los servicios de energía eléctrica, telefonía fija, móvil e internet, por un plazo de cuatro meses.
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