Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales y Mayela Campos Silva, las tres presas políticas del régimen sandinista detenidas después de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron acusadas por tráfico de drogas en un proceso irregular celebrado mientras permanecen en el Sistema Penitenciario de Mujeres «La Esperanza».

Las tres jóvenes fueron acusadas de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con la propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de información y la comunicación («ciberdelitos») en perjuicio del Estado de Nicaragua, una combinación de distintos cargos utilizados para criminalizar a opositores, según han denunciado organismos de derechos humanos.

El cargo de narcotráfico, según el artículo 352 del Código Penal de Nicaragua, conlleva una pena de entre «cinco a quince años» en prisión y «de trescientos a mil días multa».

El caso lo está procesando el Décimo Juzgado Penal de Managua desde el 24 de octubre. La ampliación de la acusación para incluir los cargos por tráfico de drogas se realizó por medio de una audiencia el 27 de octubre, según habría difundido su abogado.

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Espinoza (licenciada UCA) y Morales (estudiante de la Universidad Juan Pablo II) fueron ambas detenidas el 19 de agosto, tres días después de la confiscación de la UCA bajo acusaciones de «terrorismo». Campos, egresada de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), fue capturada dos días después, el 21 de agosto.

Una fuente anónima reveló a 100%Noticias que el relato de la autoridad es que las tres fueron detenidas al mismo tiempo en un vehículo, algo que las fechas de sus detenciones refuta.

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Las tres fueron trasladadas al Distrito III de la Policía Nacional en Managua antes de ser definitivamente recluidas en La Esperanza. Las tres se habían involucrado en activismo político de corte feminista y en oposición al régimen sandinista de Daniel Ortega.

Las jóvenes forman parte de un grupo de al menos 89 presos políticos que mantiene el régimen sandinista en sus prisiones en condiciones precarias. Las jóvenes presentan pérdida de peso y enfermedades en la piel por casi nula exposición al sol y otros tratos crueles documentados por organizaciones de derechos humanos como una política de tortura desde el Estado.